Detectan pesticidas prohibidos y metales pesados en el arroyo Yaguarón: confirman la contaminación causada por la planta de Atanor en San Nicolás

Un estudio conjunto del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet y la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires confirmó la presencia de pesticidas prohibidos, herbicidas y metales pesados en el arroyo Yaguarón, uno de los principales enclaves naturales de San Nicolás, donde opera desde hace décadas la planta de agroquímicos Atanor.

Las muestras se tomaron frente al predio industrial, en la laguna El Saco, que forma parte del cauce del Yaguarón. Los análisis determinaron la existencia de plaguicidas organoclorados —compuestos tóxicos en desuso y prohibidos hace años— que coinciden con residuos químicos hallados previamente en pozos del acuífero Puelche, de donde la empresa extraía agua para sus operaciones.

Contaminación entre el río Paraná y el acuífero Puelche
Los especialistas explicaron que el cauce del Yaguarón y el acuífero Puelche funcionan como un sistema interconectado: cuando el río Paraná baja, el acuífero alimenta el curso principal; cuando crece, el Paraná inyecta agua al subsuelo. Esa dinámica favorece la transferencia bidireccional de contaminantes.

“El estudio confirmó la presencia de plaguicidas organoclorados, todos prohibidos y en desuso”, señaló el abogado Fabián Maggi, representante de la ONG Foro Medio Ambiental San Nicolás (Fomea). Por su parte, la especialista de Greenpeace Argentina, Agostina Rossi Serra, advirtió que “los niveles hallados superan los límites legales para la protección de los ecosistemas” y reflejan “una contaminación profunda del río Paraná”.

Maggi agregó que, aunque la planta fue clausurada en julio pasado, los residuos tóxicos persisten. “El cierre no borra el daño. El Paraná y el acuífero Puelche abastecen de agua potable a la población. La comunidad de San Nicolás sigue pagando las consecuencias de una contaminación que no cesa”, afirmó.

La clausura de la planta
La clausura de Atanor fue dispuesta por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, luego de que una inspección de la ADA detectara vertidos clandestinos de efluentes industriales cerca de la barranca del río Paraná. El informe, presentado ante la jueza Luciana Díaz Bancalari, constató la existencia de una bomba que evacuaba líquidos tóxicos al suelo natural y una “conexión clandestina” que volcaba los efluentes desde el sistema de tratamiento interno hacia el exterior del predio.

El acta de inspección describió “encharcamientos en el suelo natural” y “líquidos acumulados”, en violación a la prohibición expresa de vertidos vigente sobre la empresa.

Ante la evidencia, el Gobierno provincial clausuró la planta, y la firma anunció la relocalización de sus operaciones, aunque mantendrá el sitio como centro logístico.

Los resultados de los análisis
De acuerdo con los resultados de laboratorio difundidos por Greenpeace, en el agua se detectaron niveles elevados de glifosato, su metabolito AMPA, atrazina, metolacloro, imazetapir y clorpirifos —este último prohibido judicialmente—, junto a otros herbicidas de uso agrícola.

También se hallaron compuestos altamente contaminantes, como fenoles, sustancias solubles en éter etílico y activadas al azul de metileno, además de metales pesados como arsénico, plomo, cromo, selenio, manganeso y zinc.

Según la ONG, varias de estas sustancias superan los límites establecidos por la Resolución 336 de la ADA y la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

Reclamo de una respuesta integral
Greenpeace y Fomea exigieron la remediación urgente de la cuenca y un plan integral de monitoreo ambiental. Desde la ADA reconocieron oficialmente la contaminación y plantearon la necesidad de un estudio completo sobre el impacto en todo el sistema hídrico.

La situación del arroyo Yaguarón —considerado un humedal de gran valor ecológico y cultural— se suma a una larga lista de pasivos ambientales asociados a la actividad industrial de Atanor, cuyos efectos siguen afectando al ecosistema del río Paraná y al acceso a agua segura para miles de habitantes de la región.