El Gobierno flexibiliza el control de agroquímicos: los elaboradores podrán operar con una declaración jurada y sin director técnico

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) oficializó una nueva etapa en el proceso de desregulación del sector agropecuario, al modificar el régimen de registro y autorización de productos fitosanitarios. A través de la Resolución 843/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, María Beatriz “Pilu” Giraudo, el organismo introdujo cambios sustanciales al sistema de control de agroquímicos, eliminando requisitos técnicos y acortando los tiempos de aprobación.

La norma, que entrará en vigencia el 5 de enero de 2026, reemplaza parcialmente a la Resolución 458/25 —vigente desde junio— y establece un nuevo manual de procedimientos para el registro, importación y comercialización de productos fitosanitarios en el país.

Eliminación de controles previos y del rol del director técnico
Entre los cambios más significativos, la resolución dispone que los establecimientos elaboradores de agroquímicos podrán iniciar actividades con la sola presentación de una declaración jurada, sin necesidad de una autorización previa ni la intervención de un director técnico, como se exigía hasta ahora.
El Senasa fiscalizará posteriormente las plantas “en función del riesgo”, según la disponibilidad operativa del organismo.

La nueva normativa también amplía el uso de ensayos y estudios internacionales que acrediten buenas prácticas de laboratorio (GLP), lo que permitirá que los fabricantes no deban realizar pruebas locales antes de comercializar un producto. Además, se facilita la importación de agroquímicos registrados en países de “alta vigilancia” —como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Noruega y Liechtenstein— mediante un simple sistema de declaración jurada y registro transitorio.

Menos evaluaciones para productos con OGM
Otro cambio relevante es la eximición de una nueva evaluación para los productos que contengan organismos genéticamente modificados (OGM) ya aprobados por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia). Con esa modificación, los agroquímicos con OGM autorizados podrán registrarse automáticamente para su uso comercial en la Argentina.

Un nuevo manual y la incorporación de productos domésticos
La resolución también aprueba una Guía de Procedimientos para la Gestión de Productos Fitosanitarios, que estará disponible en el sitio web del Senasa. El objetivo, según el organismo, es “brindar mayor transparencia y simplificar los trámites administrativos”.

En ese marco, se incorpora al régimen general a los productos de la “Línea Jardín”, de uso doméstico o no agrícola, que deberán inscribirse en el Registro Nacional de Productos Fitosanitarios.

Los productos agrícolas ya comercializados en el país ingresarán automáticamente al registro mediante una declaración jurada acompañada de la documentación administrativa y un proyecto de marbete en español, de acuerdo con las normas vigentes de etiquetado. Aquellos sin antecedentes de uso agrícola deberán declarar que “no representan riesgo para la salud humana, animal ni para el ambiente”, sin necesidad de estudios previos nacionales.

Respaldo político y críticas técnicas
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida y aseguró que “profundiza el cambio iniciado con la desregulación en línea con el pedido del presidente Javier Milei”. En sus redes sociales, destacó la eliminación de la figura del director técnico y la aceptación de ensayos internacionales: “Reducimos costos y tiempos para registrar productos. Un mercado de agroquímicos más competitivo es mayor productividad para nuestro agro”.

No obstante, fuentes del ámbito ambiental y sanitario señalaron que los cambios relajan significativamente los mecanismos de control estatal sobre sustancias de alto impacto ambiental y sanitario. Expertos en toxicología y agronomía advierten que la ausencia de supervisión técnica y la autodeclaración empresarial podrían incrementar los riesgos de contaminación y exposición a plaguicidas en zonas rurales y urbanas.

Con la nueva resolución, la Argentina se convierte en uno de los países con regulación más flexible en materia de registro de agroquímicos en la región, en un contexto de fuerte cuestionamiento social al uso intensivo de pesticidas y herbicidas en la producción agroindustrial.