La Política Ambiental
La causa penal que investiga los desmontes ilegales en el Chaco dio este lunes un giro decisivo. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso presentado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y resolvió que el expediente debe continuar en el fuero federal, rechazando la declaración de incompetencia que había dictado la jueza de primera instancia en Resistencia.
La audiencia se llevó a cabo en los tribunales de Comodoro Py, donde la organización ambientalista expuso oralmente los argumentos que sostienen la necesidad de una investigación de alcance nacional. En sus redes sociales, la entidad celebró la decisión como “una victoria clave para seguir avanzando” en la megacausa conocida como la “Mafia del Desmonte en Chaco”.
Por qué el caso debe ser federal
El equipo jurídico había cuestionado que la investigación regresara al ámbito provincial, lo que —sostienen— hubiera significado “la dispersión, el freno y el archivo” del expediente. En su comunicado, afirmaron:
“Defendimos oralmente la competencia federal, que es clarísima. Es la única vía para investigar esta red con ramificaciones nacionales y desarmar el entramado mafioso que saquea los bosques”.
Según la denuncia, la causa involucra a funcionarios públicos, empresarios, políticos y compañías tanineras que habrían llevado adelante desmontes masivos en zonas protegidas del monte nativo chaqueño. La asociación presentó pruebas documentales, mapas georreferenciados, registros de permisos irregulares, fotografías, videos y una nómina de actores implicados.
Un freno a la impunidad
La resolución de Casación revierte la decisión de la jueza chaqueña Zunilda Niremperger, quien había declarado la incompetencia del fuero federal argumentando que los hechos carecían de interjurisdiccionalidad. Para las organizaciones ambientales, esa interpretación impedía indagar la estructura delictiva completa y ponía al caso en riesgo de impunidad.
Con el nuevo fallo, la investigación seguirá bajo jurisdicción federal, lo que permitirá continuar con las líneas de trabajo abiertas y profundizar los posibles vínculos entre actores locales y nacionales.
Bosques, agua y derechos
En el cierre de su comunicado, la Asociación de Abogados/as Ambientalistas subrayó el trasfondo socioambiental de la causa:
“Defender el monte chaqueño es defender el agua, la salud y el derecho de las comunidades a habitar un territorio justo y vivo. No hay democracia con territorios arrasados ni con justicia cooptada”.
La resolución representa un precedente relevante en un momento crítico para los bosques nativos, especialmente en una de las regiones más afectadas por la deforestación en las últimas décadas
