Justicia Ambiental

La región acumula cerca de 290 incendios en 2026 y las autoridades aseguran que todos fueron provocados por quemas agrícolas. Mientras el Gobierno Regional habla de entre 8.000 y 9.000 hectáreas afectadas, otras fuentes superan las 15.000. No hay responsables identificados, los bomberos denuncian falta de equipos y personal, y el debate de fondo sobre la Ley Antiforestal, el tráfico de tierras y la presión sobre los recursos sigue abierto.

Las persistentes precipitaciones en las altas cuencas y el desborde simultáneo de los principales cursos hídricos provocan inundaciones, evacuaciones masivas y pasos fronterizos cerrados en el noreste argentino. La crecida del Iguazú —que obligó a cerrar la Garganta del Diablo—, sumada a los aportes extraordinarios de Yacyretá y Salto Grande, desnuda la vulnerabilidad regional frente a un fenómeno climático extremo que ahora proyecta su amenaza hacia la provincia de Buenos Aires.

Miles de personas salieron a exigir agua potable en Guadalajara, donde vecinos denuncian que el suministro llega turbio, con mal olor y posibles contaminantes. Una primera protesta terminó con gases lacrimógenos, heridos y detenidos. Una semana después, grupos encapuchados provocaron destrozos e incendios en edificios públicos, en medio de una crisis ambiental que se convirtió en un conflicto social y político.

Las protestas contra megaproyectos turísticos vinculados a inversores extranjeros sacuden al gobierno de Edi Rama. La movilización, que comenzó con la defensa de una costa de alto valor ambiental, creció con denuncias de corrupción y enfrentamientos con la policía. En paralelo, un proyecto de ley busca abrir la puerta a la compra de tierras agrícolas por extranjeros. El conflicto expone un debate que también atraviesa a la Argentina con la Ley de Tierras.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata dictó una sentencia el 16 de octubre en la causa por el acceso al expediente legislativo que autorizó la concesión de Playa Dorada a Desarrolladora HOMS S.A. El conflicto expone las restricciones que denunciaron vecinos de Chapadmalal para consultar la documentación antes de que el Concejo Deliberante aprobara la entrega del espacio costero a explotación privada.