La Política Ambiental
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa una política ambiental centrada en la desregulación, la expansión de los combustibles fósiles y el cuestionamiento explícito del consenso científico sobre el cambio climático. Desde su regreso al poder en 2025, la administración avanzó en una serie de decisiones ejecutivas que reconfiguran el marco regulatorio ambiental interno y el posicionamiento internacional del país.
El eje de la estrategia combina tres dimensiones: retiro de compromisos multilaterales, debilitamiento de la arquitectura institucional ambiental y estímulo directo a la industria fósil.
Ruptura con acuerdos internacionales
La medida de mayor impacto geopolítico fue la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, decisión ya adoptada en 2017 y reiterada en enero de 2025. La ruptura implica abandonar los compromisos de reducción de emisiones para limitar el aumento de la temperatura global.
Además, la administración formalizó la retirada de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y del Fondo Verde para el Clima, debilitando la participación estadounidense en la gobernanza climática global.
En octubre de 2025, Trump rechazó el plan de la Organización Marítima Internacional para descarbonizar el transporte marítimo, calificándolo como un “impuesto verde fraudulento”, y se negó a adherir al marco Net-Zero de Naciones Unidas.
Desregulación interna y expansión fósil
En el plano doméstico, el presidente declaró una “emergencia energética nacional” para ampliar la producción de petróleo y gas, habilitar nuevas perforaciones en Alaska y facilitar la expansión de infraestructura fósil.
Entre las decisiones más relevantes se encuentran:
Revocación del “endangerment finding” (dictamen de peligro) aprobado en 2009 durante la presidencia de Barack Obama, que reconocía a los gases de efecto invernadero como nocivos para la salud pública.
Promoción del carbón como recurso estratégico, incluyendo su incorporación a listados de minerales críticos.
Cancelación de más de 7.500 millones de dólares en subsidios a energías renovables y suspensión de proyectos eólicos marinos.
Reversión de estándares de eficiencia y emisiones vehiculares aprobados durante la gestión de Joe Biden, favoreciendo vehículos a combustión.
Eliminación o flexibilización de normas sobre eficiencia energética en electrodomésticos, iluminación y equipamiento doméstico.
Debilitamiento institucional
La Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency – EPA) sufrió un recorte de personal cercano al 65 %, junto con una reestructuración de sus funciones. También se propuso la eliminación o reducción de organismos científicos como la NOAA.
En paralelo, la administración promovió la derogación de restricciones a plásticos de un solo uso y eliminó incentivos regulatorios para la transición energética.
Un giro estructural
El conjunto de medidas configura un cambio estructural en la política ambiental estadounidense, con implicancias globales. Estados Unidos es uno de los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero, por lo que su repliegue impacta en la dinámica de cooperación internacional y en los mercados energéticos.
Más allá del debate ideológico, la estrategia plantea interrogantes sobre competitividad tecnológica, seguridad energética a largo plazo y liderazgo internacional en un contexto de transición global hacia matrices bajas en carbono.
El resultado es un reposicionamiento que prioriza la expansión fósil y la desregulación económica por sobre los compromisos climáticos multilaterales, reabriendo una discusión central sobre el rol de Estados Unidos en la gobernanza ambiental del siglo XXI.
