Plaguicidas prohibidos en Europa siguen autorizados en Latinoamérica: casi el 50% no cumple estándares de la UE

Un estudio científico encendió una nueva alerta sobre el uso de agroquímicos en América Latina. Una investigación publicada en la revista Proceedings of the Royal Society B reveló que el 48,9% de los plaguicidas autorizados en los principales cultivos agrícolas de la región están prohibidos o no cuentan con aprobación en la Unión Europea (UE), cuya normativa es considerada una de las más estrictas a nivel global.

El trabajo comparó los marcos regulatorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay con la legislación europea. Los investigadores identificaron 523 ingredientes activos aprobados hasta diciembre de 2020 para cultivos estratégicos como soja, maíz, arroz, caña de azúcar, trigo, manzana, palta, café, girasol y uva. De ese total, 256 sustancias no están permitidas en la UE.

Entre los compuestos cuestionados figuran el herbicida acetoclor, el insecticida bifentrín y el fungicida carbendazim, señalados por su alta toxicidad para la salud humana y el ambiente.

Brecha regulatoria en la región

El análisis muestra diferencias significativas entre los países. Costa Rica encabeza el listado con 140 ingredientes activos autorizados que están prohibidos en Europa, seguida por México (135), Brasil (115), Argentina (106) y Chile (99).

La investigadora Grecia de Groot, del Conicet, sostuvo que los resultados evidencian un marco regulatorio “considerablemente menos riguroso” en los países latinoamericanos evaluados, lo que expone una brecha normativa relevante frente a los estándares europeos.

Cultivos de exportación bajo la lupa

El estudio aplicó modelos estadísticos para identificar patrones económicos y productivos. Los resultados indican que los cultivos de mayor producción y valor de exportación —soja, maíz, trigo y arroz— concentran una proporción significativa de sustancias prohibidas en la UE.

La conclusión resulta especialmente relevante para economías fuertemente dependientes del agro. Estos cultivos sostienen gran parte de las exportaciones regionales y del ingreso de divisas, lo que complejiza cualquier debate regulatorio y pone en tensión los intereses comerciales con los estándares sanitarios y ambientales.

Impactos sanitarios y ambientales

América Latina es la región con mayor crecimiento en el uso de plaguicidas. Según datos de la FAO, el consumo aumentó 500% entre 1990 y 2019. Esta expansión implica una mayor exposición directa de trabajadores rurales y comunidades cercanas a las áreas fumigadas, además de exposición indirecta a través de alimentos, agua, aire y suelo.

En Brasil, estudios realizados en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en el estado de Paraná encontraron asociación entre exposición ocupacional crónica a plaguicidas y tumores más agresivos. En 2024, otra investigación publicada en la Revista de Salud Pública detectó residuos de pesticidas en leche materna en al menos diez países de la región, con riesgos potenciales de alteraciones hormonales, infertilidad y cáncer.

Recomendaciones y escenario futuro

Los autores del estudio proponen prohibir sin demoras la producción, venta y uso de ingredientes activos altamente peligrosos, implementar sistemas de gestión de riesgos a escala local y regional y desarrollar programas de monitoreo adaptados a cada contexto nacional.

El reciente acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, firmado en enero de 2026, podría introducir exigencias más estrictas en materia de estándares productivos y trazabilidad, lo que eventualmente impactaría en los marcos regulatorios nacionales.

El informe deja planteada una discusión estructural. Mientras Europa restringe cientos de sustancias por precaución sanitaria y ambiental, en América Latina siguen autorizadas y se aplican masivamente en cultivos destinados tanto al consumo interno como a la exportación. La evidencia científica refuerza la necesidad de revisar las regulaciones vigentes y avanzar hacia criterios de protección más homogéneos para reducir riesgos sobre la salud pública y los ecosistemas.