La primera audiencia del juicio por delitos ambientales que se desarrolla en Pergamino estuvo marcada por un testimonio que dejó en silencio a la sala. Paola Díaz, vecina del barrio Villa Alicia, relató ante el tribunal cómo las fumigaciones en los campos lindantes al barrio atravesaron durante años la vida cotidiana de su familia y terminaron dejando profundas consecuencias en su salud.
Díaz vive en el barrio desde 2008 junto a sus cinco hijos. Villa Alicia es una zona humilde ubicada en la periferia de la ciudad, rodeada de campos donde durante años se cultivaron soja y sorgo. En ese entorno rural, según describió, las aplicaciones de agroquímicos formaban parte de la rutina.
La mujer recordó que las fumigaciones se realizaban con distintos métodos: primero con mochilas manuales cerca del alambrado, luego con maquinaria agrícola y finalmente con los conocidos “mosquitos” utilizados para pulverizar grandes extensiones. El olor de los productos químicos, dijo, se volvía imposible de ignorar.
Ante cada aplicación, su reacción era siempre la misma: intentar resguardar a sus hijos dentro de la casa.
“Cuando veía que fumigaban trataba de meter a los chicos adentro y cerrar las ventanas”, relató durante su declaración.
Según explicó, muchas de esas aplicaciones se realizaban sin aviso previo y en horarios variables, incluso durante la tarde o la noche. La incertidumbre y el temor por la salud de los chicos formaban parte de la vida diaria.
Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer síntomas que, según relató, nunca encontraron una respuesta clara en el sistema de salud. Uno de sus hijos, contó, volvía afónico cada vez que pasaba tiempo jugando al aire libre.
“Lo llevé a la salita, le hicieron estudios y me dijeron que no tenía nada que ver con las fumigaciones”, recordó.
El momento más duro de su declaración llegó cuando habló de la muerte de su hija, ocurrida en 2014 tras un diagnóstico de leucemia. Ese hecho, señaló, marcó un punto de inflexión en su vida y en su decisión de involucrarse en la denuncia pública de las fumigaciones.
A partir de entonces comenzó a participar en reuniones vecinales y en acciones para alertar sobre lo que ocurría en el barrio. En varias oportunidades, contó, se enfrentó directamente con quienes realizaban las aplicaciones en los campos.
En una de esas situaciones, relató que se acercó a un fumigador para advertirle sobre los riesgos de los productos utilizados. La respuesta que recibió fue que, de ser peligrosos, él mismo no estaría trabajando con ellos.
Las afecciones de salud en su familia continuaron: inflamaciones, erupciones cutáneas y problemas respiratorios que motivaron reiteradas consultas médicas e internaciones. Sin embargo, según su testimonio, las explicaciones que recibían solían atribuir los síntomas a otras causas.
En paralelo, la organización vecinal comenzó a tomar forma. En 2018 surgió el colectivo Madres de Barrios Fumigados, integrado por familias que denunciaban situaciones similares en distintos puntos de la ciudad. Las movilizaciones y presentaciones judiciales derivaron en una medida cautelar dictada en 2019 por la Justicia Federal de San Nicolás, que limitó las fumigaciones en las zonas cercanas a los barrios.
Durante su exposición también mencionó a uno de los imputados en el juicio, el propietario del campo lindero, quien según dijo se presentó en su casa después de la resolución judicial y afirmó que desconocía los efectos que podían provocar las prácticas que se realizaban en su propiedad.
La vecina también cuestionó la respuesta estatal posterior al conflicto. Señaló que el agua potable que se entregaba en bidones a los vecinos llegaba en malas condiciones y que nunca recibieron los resultados de los análisis realizados para detectar la presencia de agroquímicos en sangre.
Su intervención cerró con una reflexión que condensó años de angustia y de reclamos.
Las fumigaciones en los campos cercanos, afirmó, dejaron de verse desde que intervino la Justicia. Pero las consecuencias, sostuvo, todavía forman parte de la vida de muchas familias del barrio.
