La Política Ambiental
La justicia de Córdoba vuelve a poner la lupa sobre la gestión de sus recursos naturales. Raúl Costa, exsecretario de Ambiente de la provincia durante el primer mandato del gobernador Juan Schiaretti (2007-2011), se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados. Se lo investiga por haber firmado autorizaciones para proyectos inmobiliarios en zonas donde la ley prohíbe terminantemente cualquier tipo de intervención.
Para entender la relevancia de este juicio, hay que precisar que Costa no era un funcionario menor. Como Secretario de Ambiente, era el "garante" de proteger el escaso 3% de bosque nativo que le queda a la provincia. Sin embargo, su gestión quedó marcada por una serie de permisos otorgados a grandes desarrolladoras que buscaban lotear áreas de máxima protección ambiental.
En 2023, Costa ya hizo historia —por los motivos equivocados— al convertirse en el primer funcionario de alto rango en Córdoba en ser condenado por delitos ambientales. En ese entonces, recibió una pena de tres años de prisión en suspenso por autorizar un predio de la empresa GAMA y una planta eléctrica en áreas protegidas.
Los hechos que motivan este nuevo juicio ocurrieron en la localidad de San Antonio de Arredondo en el Valle de Punilla, a unos 10 kilómetros de Villa Carlos Paz y a aproximadamente 45 kilómetros de Córdoba Capital.
Es una zona crítica por dos razones fundamentales:
Valor Ecológico: Alberga bosques que están en "Zona Roja", la categoría de conservación más alta según la Ley Nacional de Bosques (26.331). Estos bosques son vitales para capturar agua y prevenir inundaciones.
Presión Inmobiliaria: Por su cercanía con centros turísticos y la capital, el suelo tiene un valor de mercado altísimo, lo que genera una presión constante para convertir selva serrana en barrios privados.
En este segundo juicio, la acusación sostiene que Costa volvió a abusar de su autoridad al autorizar emprendimientos que no cumplían con los requisitos legales mínimos. El exfuncionario habría omitido pasos administrativos obligatorios, como la realización de Audiencias Públicas y la presentación de Estudios de Impacto Ambiental profundos.
Lo que se juzga aquí no es a quien manejó la topadora que derribó los árboles, sino al funcionario que, desde su despacho en la ciudad, firmó el papel que permitió que esa topadora entrara al monte.
Es importante destacar que Raúl Costa no llegó a juicio por iniciativa de oficio del Estado, sino por la persistencia de organizaciones civiles y vecinos autoconvocados. La asociación ADARSA (Amigos del Río San Antonio) ha liderado la querella durante más de una década, enfrentando el poder político para demostrar que el desarrollo inmobiliario no puede estar por encima de la supervivencia del ecosistema.
Si en este nuevo proceso Costa es hallado culpable, la pena anterior (que era de ejecución condicional) podría ser revisada, abriendo la posibilidad de que un exsecretario de Estado cumpla prisión efectiva por maltratar el ambiente que juró proteger.
