La Política Ambiental
La existencia de alrededor de 5.000 basurales a cielo abierto en Argentina deja al descubierto una problemática estructural que excede lo ambiental: se trata de un entramado donde fallas en la gestión de residuos, desigualdad social y riesgos sanitarios se potencian mutuamente.
Un informe reciente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advierte que el impacto de estos sitios no puede analizarse de forma aislada, ya que compromete de manera directa el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, además de degradar el entorno.
Los basurales a cielo abierto son la expresión más visible de un sistema de residuos ineficiente. En estos espacios, los desechos se acumulan sin tratamiento ni medidas de seguridad, lo que genera una cadena de impactos ambientales.
La filtración de lixiviados contamina suelos y napas subterráneas. Entre los compuestos detectados, los nitratos representan un riesgo sanitario crítico, particularmente en lactantes, donde pueden desencadenar patologías graves como la metahemoglobinemia.
A esto se suma la quema de residuos, una práctica extendida en estos predios. El humo libera gases tóxicos que deterioran la calidad del aire y agravan enfermedades respiratorias como asma y bronquitis crónica en las poblaciones cercanas.
En términos climáticos, el problema tampoco es marginal: los basurales generan cerca del 10% de las emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero con mayor capacidad de calentamiento.
El informe pone especial énfasis en el impacto social. Se estima que el 5,4% de los niños, niñas y adolescentes del país vive a menos de tres cuadras de un basural, una cifra que se incrementa en barrios populares.
En estos territorios, la problemática se agrava por la ausencia de servicios básicos: falta de agua potable, sistemas cloacales deficientes y recolección irregular de residuos. El resultado es la proliferación de microbasurales en el entorno inmediato de las viviendas.
En ese contexto, los basurales también operan como espacios de subsistencia. Familias enteras dependen de la recuperación informal de materiales reciclables o incluso de la búsqueda de alimentos. Esta dinámica, lejos de ser una elección, responde a escenarios de pobreza estructural.
La consecuencia es directa: niños y adolescentes quedan expuestos a contaminantes, accidentes y enfermedades, mientras se vulneran derechos básicos como el acceso a la educación, el juego y un ambiente sano.
Uno de los puntos más críticos señalados por la SAP es la ausencia de un enfoque integral. Las políticas de gestión de residuos y las de protección de la niñez funcionan de manera desarticulada, lo que impide abordar el problema en toda su complejidad.
A esto se suma la falta de datos sistemáticos. La presencia de menores en basurales no está debidamente registrada ni incorporada como variable central en los planes de manejo de residuos sólidos urbanos, lo que limita el diseño de políticas públicas efectivas.
Si bien existen instrumentos como la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, su implementación presenta déficits de monitoreo, coordinación y alcance territorial.
Frente a este escenario, la SAP plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo basado en la economía circular y la gestión eficiente de residuos. Entre las medidas propuestas se destacan:
Este último punto resulta clave: profesionalizar la actividad no solo mejora la eficiencia del sistema, sino que reduce la participación de niños en tareas de alto riesgo.
Finalmente, el informe subraya la importancia de fortalecer el Plan Nacional de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, con una intervención coordinada entre Nación, provincias y municipios.
El diagnóstico es claro: sin una política integral que articule ambiente, salud y desarrollo social, los basurales seguirán siendo mucho más que un problema de residuos. Son, en los hechos, una expresión concreta de desigualdad estructural.
