La Política Ambiental
La expansión de la inteligencia artificial necesita algo más que algoritmos y computadoras: requiere enormes instalaciones físicas que funcionen las 24 horas, consuman grandes cantidades de electricidad y utilicen agua para refrigerar sus equipos. Los llamados centros de datos se convirtieron en una pieza central del negocio tecnológico, pero también en una nueva fuente de conflictos ambientales y sociales.
El rechazo comenzó a traducirse en decisiones políticas concretas. En las elecciones del 3 de noviembre, al menos 29 jurisdicciones de Estados Unidos aprobaron medidas para prohibir o restringir la instalación de nuevos centros de datos. El resultado representa un revés para las grandes tecnológicas y expone una discusión que ya atraviesa a distintas comunidades: quién se beneficia con estas inversiones y quién termina soportando sus costos.
El presidente Donald Trump defendió públicamente la expansión de estas instalaciones y calificó como un error la resistencia de las comunidades. Su postura contrasta con las preocupaciones de habitantes que denuncian el consumo de agua, el aumento de la demanda eléctrica, el ruido permanente y la transformación de sus territorios. Mientras la Casa Blanca presenta la infraestructura para inteligencia artificial como una cuestión estratégica y económica, las protestas ponen sobre la mesa una pregunta básica: ¿puede justificarse cualquier impacto ambiental en nombre de la competencia tecnológica?
Las elecciones estadounidenses dejaron un resultado contundente. Al menos 29 jurisdicciones aprobaron prohibiciones o restricciones a los centros de datos, en un proceso que incluyó iniciativas locales distribuidas en distintos estados. Las medidas buscaron limitar proyectos de gran escala, exigir mayores controles o darles a los habitantes más poder de decisión sobre su instalación.
Ohio fue uno de los principales escenarios de resistencia. Diez medidas locales impulsadas para restringir estas instalaciones fueron aprobadas, algunas con amplios márgenes. En Hubbard, por ejemplo, la prohibición obtuvo alrededor del 76% de los votos. En otras localidades, los habitantes rechazaron cambios urbanísticos que habrían permitido avanzar con nuevos complejos tecnológicos.
El resultado electoral también se produjo en un contexto de creciente cuestionamiento político. En Texas, la oposición a los centros de datos se convirtió en un tema de campaña y la discusión sobre el consumo de recursos llegó incluso a enfrentar a sectores del propio Partido Republicano.
Trump había criticado en agosto la resistencia a estos proyectos y sostuvo que impedir su instalación era un error porque podían generar inversiones y actividad económica. Sin embargo, en ese mismo estado el gobernador republicano Greg Abbott había dispuesto una pausa en las aprobaciones para conectar nuevos centros de datos a la red eléctrica, mientras exigía información sobre el consumo de agua y energía, los beneficios fiscales y los efectos sobre las comunidades.
La contradicción es evidente: mientras Trump reclama acelerar la expansión tecnológica, las autoridades locales enfrentan reclamos de vecinos que no quieren asumir aumentos en las facturas eléctricas, presión sobre el suministro de agua y contaminación en sus barrios.
La industria argumenta que estas instalaciones son indispensables para competir con China y sostener el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero ese argumento no responde por sí solo a las preguntas sobre la disponibilidad de recursos naturales, la distribución de los costos y la participación de las poblaciones afectadas.
Uno de los impactos menos visibles de los centros de datos es el consumo de agua. Los servidores generan calor de manera constante y necesitan sistemas de refrigeración para evitar que los equipos alcancen temperaturas que comprometan su funcionamiento. Dependiendo de la tecnología utilizada, estas instalaciones pueden consumir agua directamente mediante sistemas de enfriamiento evaporativo o recurrir a otras alternativas que también tienen costos energéticos.
Además, existe un consumo indirecto: producir la electricidad que alimenta los servidores también puede requerir grandes cantidades de agua, especialmente cuando se utilizan centrales térmicas.
El problema es que la demanda no se detiene. Los centros de datos funcionan durante todo el año y necesitan mantener sus equipos operativos las 24 horas. A medida que crece el uso de inteligencia artificial, también aumenta la capacidad de procesamiento requerida y, con ella, la presión sobre los sistemas eléctricos y de refrigeración.
La ubicación de estas instalaciones resulta determinante. Un mismo volumen de consumo puede tener consecuencias muy diferentes según la disponibilidad hídrica de la región. Instalar un complejo tecnológico en una zona con abundantes recursos no es equivalente a hacerlo en un territorio que atraviesa sequías, tiene ríos con caudales reducidos o depende de reservas subterráneas para abastecer a su población.
Por eso, las cifras globales de inversión no alcanzan para evaluar el impacto de un proyecto. Las empresas deberían informar cuánto agua extraerán, de qué fuentes, qué tecnología utilizarán para refrigerar los equipos y qué efectos tendrá esa demanda sobre los usos domésticos, productivos y ambientales.
El consumo de agua y electricidad no es el único problema. Los centros de datos también pueden generar contaminación sonora, tanto durante su construcción como durante su funcionamiento.
Las instalaciones utilizan grandes sistemas de ventilación, enfriadores industriales, compresores y equipos de climatización que deben trabajar de manera permanente. A eso se suman los generadores eléctricos de respaldo, que pueden producir ruido cuando se realizan pruebas o cuando entran en funcionamiento ante una interrupción del suministro.
El resultado puede ser un zumbido continuo, de baja frecuencia, que afecta a las viviendas cercanas y resulta especialmente molesto durante la noche. A diferencia de una obra convencional, el ruido operativo no desaparece cuando termina la construcción: forma parte del funcionamiento cotidiano de la instalación.
También deben considerarse los movimientos de maquinaria pesada, las excavaciones, las explosiones controladas en terrenos rocosos y el tránsito de camiones durante las obras. Si estos proyectos se construyen cerca de zonas residenciales o ecosistemas sensibles, el impacto puede extenderse más allá del predio industrial.
La contaminación sonora suele quedar relegada frente a las discusiones sobre energía y agua, pero es una de las molestias que más rápidamente perciben quienes viven en las inmediaciones. Por eso, las evaluaciones ambientales deberían incluir mediciones en las viviendas cercanas, estudios sobre la propagación del sonido y límites de funcionamiento durante horarios nocturnos.
Uno de los casos más ilustrativos del costo territorial de esta infraestructura se encuentra en Finlandia. Google quedó bajo cuestionamientos después de que se desmontaran cientos de hectáreas de bosque para preparar terrenos destinados a nuevos centros de datos.
En Muhos, en el norte del país, se estima que fueron talados alrededor de 250.000 árboles en una superficie de aproximadamente 330 hectáreas. En Otanmäki, otra de las zonas involucradas, se calcula que desaparecieron otros 150.000 árboles en unas 200 hectáreas. En conjunto, las estimaciones difundidas por organizaciones y medios locales superan los 400.000 ejemplares.
El impacto no se limita a la pérdida de árboles. Los desmontes también implicaron retirar la capa superficial del suelo, modificar terrenos, abrir caminos y alterar sectores naturales que funcionan como hábitat para distintas especies. Habitantes de las localidades denunciaron cambios en el entorno, desplazamiento de animales silvestres y preocupación por el escurrimiento de agua con sedimentos hacia cursos cercanos.
El caso adquirió mayor gravedad porque las autoridades finlandesas ordenaron detener los trabajos preparatorios en los dos sitios al considerar que podían modificar significativamente el ambiente antes de que se completaran los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. La medida alcanzó a la filial local de Google y se mantendrá mientras se tramitan esas evaluaciones.
Además, las autoridades iniciaron una investigación penal por el desmonte. La empresa reconoció los cuestionamientos y su responsable en Finlandia pidió disculpas por las talas, aunque sostuvo que habían actuado según la interpretación de la normativa que tenían en ese momento.
La paradoja es que Google había anunciado en septiembre de 2026 una inversión de al menos 13.000 millones de euros en infraestructura digital en Finlandia, con proyectos en distintas localidades y promesas de impulsar energías limpias, empleo y restauración de ecosistemas. Sin embargo, el caso de Muhos y Otanmäki muestra que los compromisos ambientales anunciados por una compañía no reemplazan los controles previos ni garantizan que los daños no se produzcan.
La experiencia también deja una advertencia para los países que buscan atraer inversiones tecnológicas: la promesa de restaurar ecosistemas o financiar proyectos comunitarios no compensa automáticamente la destrucción de bosques nativos ni justifica avanzar sin evaluaciones ambientales completas.
En nuestro país, el escenario es diferente. El Gobierno de Javier Milei busca atraer inversiones para construir grandes centros de datos y aprovechar las condiciones de la Patagonia: temperaturas más bajas, disponibilidad de tierras, recursos eólicos y acceso al gas de Vaca Muerta.
Uno de los anuncios más importantes es Stargate Argentina, impulsado por la empresa Sur Energy junto con OpenAI. La iniciativa, presentada en octubre de 2025, contempla una inversión potencial de hasta 25.000 millones de dólares y una instalación de hasta 500 megavatios de capacidad.
Sin embargo, a un año del anuncio no se registraban avances concretos en la construcción ni inversiones efectivamente ejecutadas. Tampoco se había presentado formalmente la adhesión del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). OpenAI aclaró que su papel sería el de un posible comprador de capacidad de procesamiento, mientras que Sur Energy tendría a su cargo el desarrollo de la infraestructura y la búsqueda de inversores.
También existen otras iniciativas en evaluación. En Neuquén, Pampa Energía impulsa estudios para instalar un centro de datos junto a su central térmica Loma de la Lata. En Chubut, la empresa polaca Green Capital anunció un desarrollo de gran escala, con una inversión estimada en 3.000 millones de dólares.
La dimensión de estas propuestas obliga a mirar más allá de los montos anunciados. Un complejo de 500 megavatios requiere un suministro eléctrico permanente y una infraestructura energética de enorme escala. Si esa demanda se cubre con combustibles fósiles, también aumentan las emisiones que contribuyen al cambio climático. Si se recurre a fuentes renovables, será necesario evaluar cómo se incorporará esa generación a la red y quién asumirá los costos de las obras necesarias.
El agua representa otra preocupación. En una región donde la disponibilidad hídrica está condicionada por las características del territorio y por actividades industriales como la explotación hidrocarburífera, la llegada de nuevos consumidores puede profundizar las tensiones. La Patagonia no es un territorio con recursos ilimitados, y el frío ambiental no elimina la necesidad de refrigerar los servidores.
Argentina todavía no cuenta con una regulación específica para los grandes centros de datos que establezca parámetros ambientales y obligaciones de transparencia acordes con su escala. El marco de incentivos que el Gobierno busca utilizar para atraer estas inversiones no reemplaza la necesidad de establecer límites sobre el uso del agua, la energía y el suelo.
Entre las cuestiones pendientes se encuentran la obligación de publicar consumos reales, la evaluación de los impactos acumulativos, los límites de extracción de agua, los sistemas de refrigeración permitidos y las exigencias de eficiencia energética. También falta definir cómo se controlará el ruido, qué distancias deberán respetarse respecto de las viviendas y qué medidas se exigirán para evitar daños sobre la biodiversidad.
La discusión también alcanza a los beneficios económicos. Estas instalaciones requieren inversiones millonarias, pero su funcionamiento suele estar altamente automatizado. La construcción puede generar empleo durante un período determinado, aunque la cantidad de puestos permanentes no necesariamente guarda relación con los beneficios fiscales y la infraestructura pública que demanda el proyecto.
Por eso, antes de ofrecer ventajas extraordinarias a las compañías, el Estado debería exigir información verificable sobre los recursos que utilizarán y los beneficios concretos que dejarán en las comunidades. La posibilidad de atraer capitales no puede convertirse en una autorización para trasladar los costos ambientales a la población.
En América del Sur ya existen antecedentes concretos de conflictos por estas instalaciones. Uno de los más relevantes ocurrió en Cerrillos, en la Región Metropolitana de Santiago, Chile, donde un proyecto de centro de datos de Google recibió cuestionamientos por su impacto sobre las reservas subterráneas de agua.
La iniciativa original contemplaba extraer agua del acuífero Santiago Central para refrigerar los servidores. En febrero de 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente la aprobación del proyecto y ordenó evaluar los efectos del cambio climático sobre el acuífero. El caso abrió una discusión sobre la disponibilidad de agua y los criterios que deben utilizarse para autorizar instalaciones de gran escala.
Uruguay también atravesó un conflicto por un centro de datos de Google en Canelones. En 2023, durante una de las peores crisis hídricas de su historia reciente, el proyecto generó cuestionamientos porque su diseño original contemplaba utilizar agua potable de la red pública para refrigerar los equipos.
Las estimaciones difundidas durante el conflicto hablaban de un consumo potencial de hasta 7,6 millones de litros diarios. La discusión llegó a la Justicia y provocó movilizaciones en defensa del agua. Frente a las críticas, Google modificó el diseño: redujo la capacidad prevista y adoptó un sistema de refrigeración por aire, sin utilizar agua para enfriar los equipos. El Ministerio de Ambiente autorizó el proyecto en junio de 2024.
Los dos antecedentes muestran que la presión social y los controles institucionales pueden modificar las condiciones de estos desarrollos. También dejan en evidencia que el consumo de agua no es un detalle técnico: puede convertirse en un conflicto público cuando compite con el abastecimiento de la población.
Brasil, uno de los principales polos regionales de infraestructura digital, avanzó con un régimen específico para atraer centros de datos. La iniciativa REDATA busca ofrecer beneficios tributarios a las empresas, pero incorpora obligaciones ambientales y energéticas.
Entre las condiciones previstas se encuentran el abastecimiento de la demanda eléctrica mediante fuentes renovables o de bajas emisiones, exigencias de eficiencia hídrica y la publicación de información sobre sostenibilidad. El esquema también contempla compromisos vinculados con la investigación, el desarrollo tecnológico y la prestación de servicios en el mercado interno.
El modelo brasileño muestra una diferencia respecto de la situación argentina: al menos establece parámetros específicos para el sector. Sin embargo, la existencia de incentivos y requisitos no elimina la necesidad de controlar su cumplimiento ni resuelve por sí sola los conflictos territoriales que pueden producirse en zonas con estrés hídrico.
Los centros de datos suelen presentarse como instalaciones indispensables para la innovación y el crecimiento económico. Sin embargo, su funcionamiento tiene una dimensión material que muchas veces queda fuera de los anuncios de inversión: necesitan electricidad permanente, sistemas de refrigeración, agua, infraestructura de conectividad y grandes superficies de terreno.
La expansión de la inteligencia artificial aumenta la presión sobre esos recursos. También puede generar impactos locales que no se reflejan en los balances de las empresas: pérdida de bosques, alteración de hábitats, ruido constante, emisiones asociadas a la generación eléctrica y competencia por el agua.
El resultado de las elecciones estadounidenses muestra que una parte de la sociedad ya no acepta que estos costos queden fuera de la discusión pública. Mientras Trump defiende la expansión de la industria y la presenta como una prioridad económica, las comunidades reclaman información, controles y capacidad de decisión sobre los proyectos que se instalan en sus territorios.
Finlandia ofrece otra advertencia: incluso en un país con instituciones ambientales consolidadas, una inversión tecnológica multimillonaria puede avanzar sobre bosques antes de completar las evaluaciones correspondientes. En América Latina, los conflictos de Chile y Uruguay demostraron que el agua puede convertirse rápidamente en el centro de la disputa.
En Argentina, la carrera por atraer centros de datos no debería comenzar por los beneficios fiscales ni por los anuncios de inversiones millonarias. Debería empezar por establecer cuánto pueden consumir, de dónde saldrán el agua y la energía, qué impactos producirán y qué garantías tendrán las comunidades.
La inteligencia artificial puede transformar la economía, pero no funciona en una nube: necesita recursos naturales, infraestructura y territorios concretos. Y esos territorios no son espacios vacíos disponibles para las grandes tecnológicas.
