La Política Ambiental
Tras la reciente sanción de la reforma de la Ley de Glaciares a nivel nacional —cuestionada por reducir estándares clave de protección ambiental—, en la provincia de Mendoza comenzó a gestarse una respuesta legislativa orientada a reforzar los controles sobre los ecosistemas glaciares.
Un grupo de senadores provinciales de distintos espacios políticos presentó una iniciativa que propone otorgar un rol técnico central y de carácter obligatorio al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales en cualquier evaluación vinculada a glaciares y ambiente periglaciar dentro del territorio mendocino.
El proyecto —que aún no ha tomado estado parlamentario— es impulsado por los legisladores Félix González (Fuerza Patria), Dugar Chappel (Partido Verde), Flavia Manoni (La Unión Mendocina), Gerardo Vaquer y Cristina Gómez (PJ). Según trascendió, la propuesta apunta a consolidar un esquema de evaluación científica independiente frente a posibles actividades extractivas o de infraestructura en zonas sensibles.
La iniciativa surge en un contexto de creciente tensión entre jurisdicciones provinciales y el marco normativo nacional, particularmente luego de las modificaciones introducidas en la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares. En ese escenario, Mendoza —una provincia atravesada por el debate minero— vuelve a posicionarse como un actor clave en la disputa por el alcance de la regulación ambiental.
Desde el oficialismo provincial, sin embargo, no hay definiciones claras sobre el futuro del proyecto. Fuentes legislativas señalan que, por el momento, no existe certeza de que la iniciativa logre ser tratada en el corto plazo, lo que abre interrogantes sobre su viabilidad política en un contexto donde los intereses productivos y las demandas ambientales continúan en tensión.
El punto central del proyecto radica en institucionalizar la participación del IANIGLA como autoridad técnica de consulta obligatoria, lo que implicaría limitar márgenes discrecionales en la evaluación de impacto ambiental y fortalecer el respaldo científico en la toma de decisiones públicas.
Mientras tanto, organizaciones ambientales y sectores académicos siguen de cerca la evolución de la propuesta, en un escenario donde la discusión sobre glaciares vuelve a ocupar un lugar estratégico en la agenda política y ambiental del país.
