Argentina: Se presentó el amparo contra la reforma de la Ley de Glaciares con más de 850 mil firmas

La reforma de la Ley de Glaciares abrió un nuevo escenario de tensión en Argentina. En los últimos días, un conjunto de organizaciones ambientales y de derechos humanos avanzó con la presentación de un amparo judicial para frenar la aplicación de la norma, mientras crece una demanda colectiva que ya supera las 850 mil adhesiones en todo el país.

La iniciativa es impulsada por un amplio frente integrado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, junto a asambleas territoriales y ciudadanos que se sumaron de forma masiva.

Una demanda colectiva con fuerte respaldo social

El volumen de adhesiones se convirtió en uno de los datos más relevantes del conflicto. En pocos días, la campaña logró reunir más de 850 mil firmas, consolidándose como una de las acciones colectivas más grandes en defensa del ambiente en Argentina.

Este respaldo no solo busca fortalecer la estrategia judicial, sino también expresar el rechazo social frente a los cambios introducidos en la ley. La rápida expansión de la iniciativa refleja la centralidad que tiene el tema del agua en la agenda pública.

Qué plantea el amparo

La acción judicial presentada solicita la inconstitucionalidad de la reforma y reclama una medida cautelar que suspenda su aplicación hasta que la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión.

El planteo sostiene que los cambios vulneran principios ambientales básicos, como el de no regresión, y advierte que podrían afectar derechos colectivos vinculados al acceso al agua y a un ambiente sano.

Una ley clave bajo revisión

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y zonas periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. En Argentina, el inventario oficial identificó cerca de 17 mil cuerpos de hielo distribuidos a lo largo de la cordillera.

La normativa original prohíbe actividades como la minería en estas áreas y fija criterios de protección que fueron reconocidos a nivel internacional como un avance en materia ambiental.

Los cambios que generan controversia

La reforma impulsada por el Gobierno introduce modificaciones que, según las organizaciones, reducen los niveles de protección. Entre los puntos más cuestionados se encuentra la redefinición de las áreas protegidas y la posibilidad de habilitar actividades productivas en zonas sensibles.

También se señala que la nueva normativa otorga mayor margen de decisión a las provincias, lo que podría generar criterios dispares en la protección de los glaciares.

El agua en el centro de la disputa

El eje del conflicto es el rol de los glaciares como reservas de agua dulce. En un contexto de crisis climática y creciente escasez hídrica, distintos sectores advierten que cualquier flexibilización en su protección puede tener impactos directos sobre las cuencas, los ecosistemas y el abastecimiento para la población.

De la política a los tribunales

Con la presentación del amparo y el crecimiento de la demanda colectiva, la discusión por la Ley de Glaciares entra en una nueva etapa. Lo que comenzó como un debate legislativo ahora se traslada al ámbito judicial.

La magnitud de la movilización social y la participación de múltiples organizaciones anticipan un proceso que podría tener fuerte impacto en la política ambiental del país. En ese escenario, la Justicia deberá definir el alcance de una reforma que pone en juego no solo una ley, sino el futuro de uno de los recursos más estratégicos: el agua.