Mientras Milei quiere levantar las banderas de la soberanía de Malvinas, veteranos y abogados ambientalistas logran que la Justicia ordene frenar la explotación petrolera en el Mar Argentino

La Justicia Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el CECIM La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y ordenó a las petroleras Rockhopper y Navitas detener el avance del proyecto Sea Lion. La resolución puso en el centro una cuestión que combina ambiente y soberanía: las empresas pretendían avanzar con un proyecto petrolero a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas sin haber iniciado ante las autoridades argentinas el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Una medida judicial que frenó el avance petrolero

El proyecto petrolero Sea Lion, denominado “León Marino” en la presentación judicial argentina, recibió un freno por parte de la Justicia Federal. La jueza Mariel Borruto, a cargo del Juzgado Federal de Río Grande, ordenó a las empresas extranjeras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las actividades vinculadas al proyecto hidrocarburífero.

La medida fue dictada luego de la acción preventiva por posible daño ambiental y soberano presentada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) junto con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Es decir, fueron los propios veteranos de la Guerra de Malvinas, junto con organizaciones dedicadas al derecho ambiental, quienes llevaron el conflicto petrolero ante la Justicia argentina.

La resolución también obliga a las empresas a informar cuál es el estado actual del proyecto y a preservar documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y relacionada con seguros. Además, la jueza pidió información a la Subsecretaría de Ambiente, a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las autorizaciones, antecedentes y actuaciones administrativas relacionadas con Sea Lion.

Hay un punto especialmente importante: la decisión es una medida cautelar y no una sentencia definitiva sobre toda la causa. La propia jueza aclaró que la resolución no determina de manera definitiva la responsabilidad de las empresas ni resuelve todas las cuestiones que deberán analizarse durante el proceso judicial. Por ahora, lo concreto es que el avance material del proyecto quedó suspendido.

¿Por qué la causa está en Tierra del Fuego?

La pregunta puede parecer extraña a primera vista: si el proyecto petrolero está frente a las Malvinas, ¿por qué interviene un juzgado de Río Grande, Tierra del Fuego?

La explicación está justamente en la jurisdicción sobre el territorio marítimo. El proyecto se ubica aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en un sector que la Justicia argentina considera parte de la plataforma continental argentina y de los espacios marítimos vinculados al territorio nacional. El Juzgado Federal de Río Grande tiene competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por eso, la acción presentada por CECIM y AAdeAA fue radicada allí y la jueza Borruto primero tuvo que resolver si ese tribunal era competente para intervenir. El 11 de septiembre, la magistrada se declaró competente para analizar la demanda por posible daño ambiental y soberano contra Rockhopper y Navitas. Días después llegó la medida cautelar que frenó el avance del proyecto.

Un proyecto petrolero en medio de la disputa por Malvinas

Sea Lion es un proyecto de explotación de hidrocarburos offshore impulsado por Rockhopper Exploration, empresa británica, y Navitas Petroleum, de origen israelí. La iniciativa se encuentra en la denominada Cuenca Malvinas Norte, una zona que además de tener interés petrolero se encuentra atravesada por la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.

Para AAdeAA y el CECIM, por eso, el problema no puede analizarse únicamente como un proyecto energético. En la acción judicial plantearon que existe una relación directa entre la protección ambiental del mar, los recursos naturales y la cuestión de soberanía sobre los espacios marítimos correspondientes a las Malvinas. La organización ambientalista incluso utiliza el concepto de “soberanía ambiental” para describir esa estrategia.

El proyecto pretende avanzar sobre una zona marítima donde las empresas cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas, cuya soberanía Argentina reclama y cuya administración se encuentra actualmente bajo control británico. Para la Justicia argentina, sin embargo, la cuestión ambiental también activa obligaciones y competencias propias del Estado argentino.

El dato que terminó siendo clave: no había Evaluación de Impacto Ambiental

Uno de los elementos centrales que tuvo en cuenta la jueza fue un informe elaborado por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente. El documento, fechado el 24 de febrero de 2026, señaló que ante las autoridades argentinas no se había iniciado ningún aviso de proyecto ni un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental con las empresas involucradas.

Ese punto resultó determinante porque la Ley General del Ambiente establece que las actividades susceptibles de generar una degradación significativa deben atravesar previamente una evaluación ambiental. La Justicia entendió que la ausencia de ese procedimiento justificaba una intervención preventiva antes de que el proyecto avanzara hacia etapas que pudieran generar consecuencias ambientales difíciles de revertir.

La lógica de la medida es justamente esa: no esperar a que ocurra un daño para actuar. En una actividad offshore, una eventual contaminación no necesariamente queda limitada al lugar exacto donde se produce una operación, sino que puede afectar ecosistemas marinos, especies, actividades económicas y recursos naturales en una superficie mucho mayor.

Veteranos y abogados ambientalistas llevaron la soberanía a los tribunales

El dato político y simbólico de la causa no es menor. El CECIM La Plata está integrado por exsoldados conscriptos que combatieron en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Cuatro décadas después de la guerra, su intervención en este expediente volvió a colocar a los veteranos en una disputa vinculada directamente con las Islas y con los recursos naturales de la zona.

Pero esta vez el reclamo no se desarrolló en una ceremonia, una plaza o un discurso. Se desarrolló en los tribunales, utilizando una herramienta del derecho ambiental: una acción preventiva por posible daño colectivo. Y allí aparece uno de los aspectos más particulares de la causa: la legislación ambiental fue utilizada como una vía concreta para discutir también una cuestión de soberanía.

Desde AAdeAA sostienen que la protección del ambiente y la defensa de los recursos naturales no pueden separarse de la discusión territorial. La organización plantea que permitir la explotación petrolera sin evaluación ambiental argentina implicaría aceptar una modificación material de una zona cuya soberanía se encuentra en disputa.

Y en este escenario aparece Milei

La resolución judicial llega además en un momento en el que Javier Milei volvió a colocar a Malvinas y al petróleo offshore en el centro de su discurso sobre soberanía. El 2 de abril de 2026, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Presidente reafirmó el reclamo argentino sobre las islas y señaló específicamente a Rockhopper y Navitas por sus planes de avanzar sobre los recursos de la Cuenca Malvinas Norte.

En septiembre, además, el Gobierno anunció nuevas medidas contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas y planteó reforzar las sanciones frente a actividades que considera contrarias a los derechos argentinos. Reuters señaló que este endurecimiento representa un cambio respecto de la postura más moderada que Milei había mantenido anteriormente sobre la disputa.

El contraste aparece porque, mientras el Gobierno nacional vuelve a utilizar con fuerza el discurso de la soberanía sobre Malvinas, la medida concreta que frenó judicialmente el proyecto petrolero surgió de una presentación impulsada por veteranos de guerra y abogados ambientalistas.

La relación de Milei con Thatcher y el ambiente

En ese contexto también vuelve a aparecer un elemento que acompaña desde hace años la figura política de Milei: su conocida admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas. Reuters recordó recientemente que esa admiración pública ha sido utilizada como argumento de crítica por sectores de veteranos y de la oposición frente al actual endurecimiento del discurso presidencial sobre las islas.

Al mismo tiempo, Milei ha expresado públicamente posiciones críticas respecto del ambientalismo y ha sostenido que el cambio climático responde a un “ciclo natural”. Estas afirmaciones fueron contrastadas por Chequeado con la evidencia científica disponible y con los informes del IPCC, que atribuyen el calentamiento global actual principalmente a la influencia humana.

Por eso, el caso Sea Lion termina cruzando varias discusiones que habitualmente aparecen separadas: Malvinas, soberanía, petróleo, ambiente, derecho internacional y política energética. Y en el centro de todas ellas quedó una decisión judicial que, al menos por ahora, impide que el proyecto avance.

Soberanía también es decidir qué pasa con los recursos

La causa todavía no terminó y la medida cautelar no significa que el proyecto haya sido declarado definitivamente ilegal. Lo que sí ocurrió es concreto: Rockhopper y Navitas no pueden avanzar con las actividades materiales de Sea Lion mientras rige la orden judicial, y deberán entregar información sobre el estado y la estructura del proyecto.

La discusión que queda abierta es mucho más amplia que una perforación petrolera. Si la soberanía también implica decidir qué ocurre con los recursos naturales de un territorio, entonces la protección ambiental puede convertirse en una herramienta jurídica para intervenir antes de que esos recursos sean explotados.

En este caso, fueron los veteranos de Malvinas y abogados ambientalistas quienes llevaron esa discusión a la Justicia, y consiguieron que un tribunal federal ordenara detener, por ahora, el avance de un proyecto petrolero ubicado frente a las islas. El petróleo podrá esperar. La Justicia decidió que primero deberán responderse las preguntas ambientales y jurídicas que quedaron planteadas.