Alerta por los desmontes: en seis meses se perdieron más de 40.000 hectáreas de bosques en el norte argentino

La deforestación continúa avanzando sobre los bosques nativos del norte argentino. Durante los primeros seis meses de 2026 fueron desmontadas 40.862 hectáreas en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, una superficie equivalente a casi dos veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los datos surgen de un relevamiento elaborado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales tomadas entre enero y junio de este año.

De acuerdo con el informe, Santiago del Estero encabezó nuevamente el registro de pérdida de bosques, con 20.727 hectáreas desmontadas. Le siguieron Salta, con 11.960 hectáreas; Formosa, con 4.375; y Chaco, con 3.800 hectáreas.

Santiago del Estero y Salta, las provincias más afectadas

Desde la organización ambientalista expresaron especial preocupación por la situación de Santiago del Estero, que continúa siendo la provincia con mayor superficie deforestada del país.

También alertaron sobre el crecimiento registrado en Salta, donde los desmontes se habrían duplicado en comparación con el mismo período de 2025.

“Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

El referente ambiental también cuestionó la política del gobierno salteño y advirtió que podrían autorizarse nuevas intervenciones sobre áreas boscosas.

“Aún más grave, el gobierno de Sáenz está por autorizar muchos más desmontes, mientras sigue sin recomponer el grave daño ambiental que está provocando un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, en Lomas de Olmedo”, sostuvo Giardini.

Advierten que las multas no detienen la deforestación

Greenpeace volvió a reclamar que la destrucción de bosques nativos sea considerada un delito penal y sostuvo que las sanciones económicas aplicadas actualmente no resultan suficientes para desalentar los desmontes ilegales.

“Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción y, cuando son altas, ponen trabas judiciales para no pagarlas”, afirmó Giardini.

La organización también responsabilizó a los gobiernos provinciales por la falta de controles, la flexibilización de las normas ambientales y la autorización de desmontes en zonas donde la legislación vigente establece restricciones.

“Hay una evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde no está permitido”, cuestionó el coordinador de la campaña.

A esta situación se suma, según Greenpeace, la reducción de los fondos nacionales destinados a la conservación de los bosques nativos y las iniciativas destinadas a modificar la Ley de Bosques y la Ley de Manejo del Fuego.

Argentina, lejos del compromiso de deforestación cero

La continuidad de los desmontes también pone en duda el cumplimiento del compromiso asumido por Argentina durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en Glasgow en 2021.

En aquella oportunidad, el país adhirió al objetivo internacional de detener y revertir la pérdida de bosques para 2030. Sin embargo, los relevamientos ambientales continúan mostrando elevados niveles de deforestación, especialmente en la región chaqueña.

La pérdida de bosque nativo no se limita a la desaparición de árboles. También afecta la biodiversidad, altera el ciclo del agua, profundiza los procesos de desertificación y aumenta la vulnerabilidad frente a inundaciones, sequías e incendios.

Además, el avance de la frontera agropecuaria suele generar conflictos territoriales y desplazamientos de comunidades indígenas y campesinas que dependen directamente del bosque para obtener alimentos, medicinas, madera y otros recursos esenciales.

“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades y desalojos de indígenas y campesinos”, sostuvo Giardini.

Desde Greenpeace insistieron en que la protección de los bosques requiere reforzar los controles, garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental y avanzar con sanciones más severas contra quienes desmonten ilegalmente.

“Debemos acabar con la impunidad, prohibiendo y penalizando la destrucción de nuestros bosques”, concluyó el representante de la organización.