Bosques del norte: mientras vuelven los yaguaretés, las topadoras arrasan su hábitat

El norte argentino atraviesa una contradicción ambiental difícil de sostener. Mientras en Chaco se celebran nuevos avances en la recuperación del yaguareté, las provincias que integran el Gran Chaco continúan perdiendo miles de hectáreas de bosque nativo, el ambiente indispensable para que la especie pueda sobrevivir y reproducirse fuera de las áreas protegidas.

Un relevamiento satelital de Greenpeace estimó que entre enero y junio de 2026 fueron desmontadas 40.862 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. De ese total, 36.487 hectáreas corresponden solamente a Santiago del Estero, Salta y Chaco, las tres provincias que concentran este análisis.

La superficie perdida en esos seis meses equivale a casi dos veces la Ciudad de Buenos Aires. Detrás de la cifra aparecen desmontes vinculados con la expansión agropecuaria, presión sobre cuencas hídricas, reclamos territoriales de comunidades indígenas y un sistema de sanciones que, según las organizaciones ambientales, no alcanza para detener la destrucción.

Santiago del Estero encabeza la pérdida de bosque

Santiago del Estero volvió a ocupar el primer lugar del relevamiento, con 20.727 hectáreas desmontadas durante el primer semestre. La provincia representa por sí sola más de la mitad de la deforestación registrada en las cuatro jurisdicciones analizadas por Greenpeace.

La continuidad del desmonte tiene consecuencias que exceden la desaparición de árboles. El bosque chaqueño regula el agua, protege los suelos, modera las temperaturas extremas y sostiene la vida de comunidades campesinas e indígenas. Su fragmentación también reduce los corredores utilizados por grandes mamíferos y deja a las poblaciones de fauna cada vez más aisladas.

La situación plantea un interrogante directo sobre los controles provinciales. Para determinar la legalidad de cada intervención se necesita cruzar las imágenes satelitales con los permisos concedidos, las categorías de conservación establecidas por el ordenamiento territorial y los expedientes sancionatorios. Esa información todavía no se encuentra reunida en una plataforma pública que permita seguir cada caso con facilidad.

Salta: desmontes y tensión en la cuenca del Itiyuro

Salta registró 11.960 hectáreas deforestadas, más del doble que durante el mismo período del año anterior, de acuerdo con Greenpeace. En agosto, comunidades wichís y vecinos del norte provincial sumaron una nueva denuncia por trabajos realizados con maquinaria pesada en la cuenca del río Itiyuro.

Según la información publicada por Nuevo Diario de Salta, los denunciantes atribuyeron las tareas a la empresa agroindustrial Desdelsur y señalaron la presencia de cuatro topadoras en cercanías de las comunidades Alcoba y Cañitas, además de territorios próximos a Km 18, Tonono y Pacará. El área involucrada alcanzaría unas 3.043 hectáreas.

Los referentes indígenas sostienen que los trabajos se desarrollan sobre un territorio de uso ancestral y cuestionan la falta de una consulta previa que incluya a todas las comunidades potencialmente afectadas. También advierten que la intervención compromete un sector del Chaco Seco donde sobreviven quebrachos, cebiles, algarrobos y numerosas especies de fauna.

La denuncia requiere una respuesta documentada del Gobierno de Salta y de la empresa señalada: autorización ambiental, categoría asignada al bosque, superficie habilitada, alcance de las audiencias realizadas y medidas destinadas a proteger la cuenca. Sin esos datos, el control público queda reducido a versiones enfrentadas mientras las máquinas continúan trabajando.

Chaco recupera yaguaretés mientras pierde bosque

Chaco aparece con 3.800 hectáreas desmontadas durante el semestre. La cifra es menor que la registrada en Santiago del Estero y Salta, aunque adquiere una gravedad especial porque la provincia lleva adelante uno de los proyectos de conservación de yaguareté más importantes de la región.

En marzo de 2025, la Administración de Parques Nacionales y Rewilding Argentina liberaron en el Parque Nacional El Impenetrable a Miní, una hembra nacida en libertad en Iberá. La operación fue presentada como la primera translocación y liberación con fines de conservación de un yaguareté nacido en estado silvestre. Para ese momento, los registros oficiales daban cuenta de menos de diez ejemplares sobrevivientes en el Gran Chaco argentino y de más de 35 años sin confirmar hembras silvestres en la zona.

El proyecto permitió incorporar hembras, sumar diversidad genética y avanzar hacia una población reproductiva. Durante 2026, la agenda provincial comenzó a concentrarse en el desafío de convivir con los ejemplares que vuelven a desplazarse por el monte. Esa convivencia exige prevención de la caza furtiva, trabajo con productores ganaderos, monitoreo y una red de ambientes conectados.

La recuperación dentro del Parque Nacional El Impenetrable puede convertirse en un núcleo decisivo para la especie. Su futuro dependerá también de lo que ocurra fuera de sus límites. Un yaguareté necesita grandes extensiones para desplazarse, alimentarse y reproducirse; los desmontes y los alambrados fragmentan esos recorridos y aumentan el contacto conflictivo con las actividades humanas.

Una política ambiental partida en dos

La conservación de una especie amenazada pierde solidez cuando el territorio que debería recibirla continúa achicándose. Criar, trasladar y monitorear yaguaretés demanda años de trabajo científico y recursos públicos. Una topadora puede destruir en pocas horas una parte del corredor que esos animales necesitan.

Greenpeace sostiene que las multas económicas dejaron de funcionar como una barrera eficaz y reclama que la destrucción ilegal de bosques sea incorporada al régimen penal. La organización también cuestiona el bajo nivel de fiscalización provincial, la flexibilización de los ordenamientos territoriales y la reducción de los fondos nacionales destinados a la protección del bosque nativo.

El desafío para Santiago del Estero, Salta y Chaco consiste en convertir la conservación en una política territorial completa. Eso supone publicar permisos y monitoreos, controlar las intervenciones en tiempo real, restaurar las áreas dañadas, proteger las cuencas y garantizar la participación de las comunidades que viven en el monte.

El regreso del yaguareté demuestra que una política sostenida puede revertir procesos de extinción. La continuidad de los desmontes muestra que ese esfuerzo todavía convive con decisiones productivas y estatales que empujan en la dirección contraria. La supervivencia del mayor felino de América se define tanto en los proyectos de reintroducción como en cada hectárea de bosque que las provincias deciden proteger o autorizar a desmontar.

Imagen: desmontes en el norte argentino. Crédito: Greenpeace Argentina.