Santiago del Estero encabezó los desmontes del norte: perdió 20.727 hectáreas en seis meses

Santiago del Estero volvió a quedar en el centro de la emergencia forestal del norte argentino. Entre enero y junio de 2026 perdió 20.727 hectáreas de bosque nativo, según un relevamiento elaborado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales.

La provincia concentró más de la mitad de las 40.862 hectáreas desmontadas durante ese período en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La superficie santiagueña afectada resulta equivalente, aproximadamente, a toda la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El informe ubicó en segundo lugar a Salta, con 11.960 hectáreas; seguida por Formosa, con 4.375; y Chaco, con 3.800. Los datos confirman que Santiago del Estero continúa encabezando la pérdida de bosques en una de las regiones con mayor biodiversidad y presión agropecuaria del país.

Un dato grave que necesita información oficial

El relevamiento satelital permite identificar la desaparición de la cobertura forestal, pero por sí solo no determina la situación legal de cada intervención.

Para establecer cuántas de esas 20.727 hectáreas contaban con autorización y cuántas fueron desmontadas de manera clandestina, se necesita cruzar los polígonos detectados con los permisos provinciales, el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, las evaluaciones de impacto ambiental y las inspecciones realizadas en cada predio.

Hasta el momento no se difundió un registro provincial integral, actualizado y georreferenciado que permita efectuar esa comparación. Tampoco se conoce un balance consolidado sobre responsables identificados, expedientes iniciados, multas aplicadas, sanciones cobradas y obligaciones de restauración.

Esta falta de información impide dimensionar qué parte de la pérdida fue habilitada por el propio Estado y qué superficie corresponde a desmontes efectuados fuera de la ley.

Operativos provinciales, pero sin un balance general

El Gobierno de Santiago del Estero informó en mayo sobre un operativo realizado en los departamentos Copo, Alberdi y Moreno. Según la comunicación oficial, se ejecutaron resoluciones judiciales, se detuvieron desmontes ilegales y se secuestraron cultivos producidos irregularmente en tierras fiscales.

Las acciones alcanzaron distintos puntos ubicados dentro de una superficie aproximada de 20.000 hectáreas. Sin embargo, la provincia no precisó cuánto bosque fue efectivamente protegido, qué extensión ya había sido desmontada ni cómo se relacionan esos procedimientos con las 20.727 hectáreas detectadas por el monitoreo satelital.

La existencia de operativos demuestra que las autoridades conocen el avance de intervenciones ilegales. El desafío pendiente consiste en transformar esas actuaciones puntuales en un sistema permanente de control, con información pública que permita seguir cada expediente hasta la sanción y la restauración del área afectada.

Las multas no alcanzan para frenar las topadoras

Greenpeace advirtió que las sanciones económicas vigentes no están logrando detener la deforestación. Según la organización, algunos responsables incorporan las multas como un costo más de la actividad productiva y recurren a extensos procesos judiciales cuando las penalidades resultan elevadas.

La entidad también cuestionó la debilidad de los controles provinciales, la flexibilización de las normas y la autorización de intervenciones en sectores donde la conservación debería ser prioritaria. Por ese motivo, volvió a reclamar que la destrucción ilegal de bosques sea incorporada como delito penal.

Un daño que excede la pérdida de árboles

Los bosques del Gran Chaco regulan el ciclo del agua, conservan carbono, protegen los suelos y sirven como refugio para numerosas especies. También sostienen la vida y las actividades productivas de comunidades campesinas e indígenas.

Su eliminación acelera la desertificación, reduce la biodiversidad y aumenta la vulnerabilidad frente a sequías, inundaciones e incendios. El avance de la frontera agropecuaria también puede profundizar conflictos por la tierra y desplazar a familias que dependen directamente del monte.

Las 20.727 hectáreas perdidas en seis meses colocan a Santiago del Estero frente a una responsabilidad concreta. La provincia debe publicar los permisos, identificar los desmontes ilegales, informar las sanciones aplicadas y exigir la restauración de las superficies afectadas.

Sin esa trazabilidad, el dato satelital seguirá mostrando la dimensión de la pérdida, mientras las responsabilidades permanecen ocultas detrás de expedientes que la ciudadanía no puede consultar.