La Política Ambiental
El Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) cuestionó la expulsión de la investigadora del INTA y alertó sobre las consecuencias que puede tener para la independencia de la ciencia pública. Aparicio había coordinado en Argentina un estudio internacional que detectó residuos de múltiples plaguicidas en muestras humanas y ambientales. El conflicto comenzó en 2023, cuando el organismo suspendió la presentación de los resultados y se retiró del proyecto.
El Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el CONICET, expresó su rechazo a la exoneración de la investigadora Virginia Carolina Aparicio y manifestó su preocupación por el procedimiento administrativo que terminó con su expulsión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En un comunicado titulado “Frente a evidencia científica incómoda, una sociedad democrática necesita más ciencia, no menos”, la institución sostuvo que separar a una investigadora de sus funciones en la administración pública constituye un hecho de extrema gravedad y pone en discusión las garantías necesarias para desarrollar investigaciones independientes.
El IMBIV remarcó que la actividad científica necesita libertad para investigar, producir conocimiento, comunicar resultados y someterlos al debate público. También advirtió que esas condiciones no pueden quedar sujetas a presiones, arbitrariedades o decisiones que comprometan la independencia del trabajo científico.
El pronunciamiento cobra especial relevancia por el tema que investigaba Aparicio: la exposición de personas y ambientes a distintos plaguicidas utilizados en la producción agropecuaria. Sus trabajos formaron parte de una investigación internacional que detectó residuos de múltiples sustancias en muestras humanas y ambientales tomadas en Argentina.
Aparicio es ingeniera agrónoma y trabajó durante más de dos décadas en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Balcarce, provincia de Buenos Aires. En 2020 fue designada responsable del equipo argentino del proyecto SPRINT, una investigación internacional financiada por la Unión Europea y coordinada por la Universidad de Wageningen, de Países Bajos.
El estudio buscaba analizar la exposición a plaguicidas y sus posibles efectos sobre las personas, los animales y los ecosistemas. Para ello, se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 voluntarios del sudeste bonaerense, además de analizar agua, suelo, polvo doméstico y otros componentes ambientales.
Entre los resultados difundidos se detectó glifosato en la orina de una proporción elevada de los participantes argentinos, así como la presencia de otras sustancias utilizadas en la actividad agropecuaria. El trabajo también identificó combinaciones de distintos plaguicidas, un aspecto relevante porque la exposición cotidiana no suele producirse a una sola sustancia de manera aislada.
Los resultados correspondían al grupo estudiado y no podían extrapolarse automáticamente a toda la población argentina. Sin embargo, aportaban información para discutir la exposición ambiental y la necesidad de profundizar las investigaciones sobre los posibles efectos de estas sustancias.
El conflicto institucional se hizo público en junio de 2023, cuando el equipo argentino tenía previsto presentar los resultados generales de la investigación a las personas que habían participado voluntariamente. La actividad fue suspendida por decisión de las autoridades del INTA.
El argumento institucional fue que los estudios que involucraban muestras humanas podían exceder las competencias del organismo. La decisión generó cuestionamientos porque el propio INTA había aprobado la participación argentina en SPRINT en 2020 y el proyecto contemplaba desde el comienzo el análisis de muestras humanas.
Meses después, en diciembre de 2023, el Consejo Directivo resolvió retirar al organismo del proyecto mediante la Resolución 1081/23. De esta manera, la institución que había autorizado la participación argentina decidió interrumpir su intervención en una investigación que ya había producido resultados sobre la presencia de plaguicidas en personas y ambientes.
A partir de entonces, Aparicio quedó involucrada en un prolongado conflicto administrativo. La investigadora denunció restricciones para desarrollar sus tareas, aislamiento y hostigamiento dentro de la estación experimental de Balcarce. También describió un deterioro progresivo de sus condiciones de trabajo, luego de más de veinte años de actividad en el organismo.
El 26 de octubre de 2026, el Consejo Directivo del INTA aprobó la Resolución 366 y dispuso la exoneración de Aparicio. La medida constituye la sanción disciplinaria más grave prevista en el régimen de empleo público nacional y tiene consecuencias que exceden la pérdida de su puesto: implica una inhabilitación para volver a desempeñarse en organismos públicos nacionales durante cinco años.
El organismo fundamentó la decisión en presuntos incumplimientos administrativos vinculados con la gestión del proyecto, entre ellos el manejo de fondos, la participación de colaboradores, el envío de muestras a laboratorios del exterior y los procedimientos de evaluación ética.
La defensa de Aparicio rechazó las acusaciones y cuestionó la proporcionalidad de la sanción. Entre los elementos que adquieren relevancia en la discusión se encuentra que la resolución no acreditó un beneficio económico personal de la investigadora ni antecedentes disciplinarios previos.
Tras recibir la notificación, Aparicio debió dejar su oficina en la Estación Experimental de Balcarce. Su defensa anunció que recurriría la decisión por las vías administrativas y judiciales para solicitar la nulidad de la medida y su reincorporación.
El comunicado del IMBIV vuelve a poner en primer plano una discusión que excede la situación laboral de Aparicio: qué garantías tienen los investigadores de organismos públicos para estudiar temas sensibles, comunicar resultados y participar del debate social sin exponerse a represalias institucionales.
La controversia también involucra el acceso a información sobre la exposición a plaguicidas. Los resultados de SPRINT mostraron la presencia de distintas sustancias en muestras humanas y ambientales, pero la presentación colectiva prevista para 2023 fue suspendida y el INTA terminó retirándose del proyecto.
El organismo sostiene que la exoneración responde a incumplimientos administrativos. Aparicio y su defensa cuestionan el procedimiento y la severidad de la sanción, mientras que instituciones científicas como el IMBIV advierten sobre el impacto que decisiones de este tipo pueden tener sobre la independencia de la investigación.
La preocupación expresada por el instituto cordobés apunta a una cuestión fundamental: la ciencia pública necesita condiciones para investigar y comunicar sus resultados, incluso cuando estos generan controversias o incomodan a determinados sectores. La posibilidad de producir conocimiento sin presiones es una garantía para los propios investigadores, pero también para la sociedad, que tiene derecho a acceder a información científica sobre los impactos de las actividades productivas y las sustancias que llegan al ambiente.
