La Justicia bonaerense confirmó una medida cautelar que impide avanzar con modificaciones que puedan reducir las obligaciones de AySA en materia de agua potable, saneamiento, salud y protección ambiental. El fallo no anuló la privatización, pero representa un nuevo límite al Gobierno de Javier Milei, que pretende entregar el 90% de las acciones de la empresa estatal a capital privado. El caso ahora deberá continuar en la Justicia Federal.