
Luján: el jefe de Delitos Ambientales de la PFA declaró que la Municipalidad no controla el volcado de residuos tóxicos
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El tribunal lo decidió a partir de una "acción preventiva de incidencia colectiva" por los vecinos del "Corredor Santa Clara, Partido de Mar Chiquita", por la aplicación, manipulación, traslado y disposición" de "residuos peligrosos", incluso agroquímicos.
BUENOS AIRES 07/10/2022La Corte Suprema de la Nación dispuso que la justicia civil y comercial ordinaria de Mar del Plata tramite una demanda por presunto daño ambiental formulada contra propietarios de inmuebles agrícolas y explotaciones comerciales de tierras vecinas ubicadas dentro del denominado "corredor Santa Clara", en el partido bonaerense de Mar Chiquita.
La "acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva" fue promovida en 2020 por vecinos de distintas localidades que integran el "Corredor Santa Clara, Partido de Mar Chiquita", en la provincia de Buenos Aires debido a "la aplicación, manipulación, traslado y disposición" de "residuos peligrosos" en las cercanías, entre los que se encuentran agroquímicos.
Ante el pedido de que "se resguarde el ambiente y la salud de las poblaciones que integran dicho corredor" que incluyó el dictado de una medida cautelar, se generó un "conflicto de competencia" entre la justicia ordinaria, ya que se consideró que la demanda también apuntaba a la afectación que podría sufrir el Mar Argentino por el manejo de los agroquímicos.
La procuradora fiscal Laura Monti, cuyo dictamen fue seguido por la Corte, señaló que el reclamo solo mencionaba el eventual daño de los residuos peligrosos a "arroyos, lagunas" y "hasta escasos metros del mar" y que "el factor degradante se encuentra en la provincia de Buenos Aires".
Los "recursos vivos que pueblan las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas", de acuerdo a la Constitucional Nacional y bonaerense, pertenecen a un dominio que puede ser ejercido por la provincia, acotó Monti.
Por ser "un espacio geográfico-físico-biológico" habitado por quienes integran esa colectividad" son "las autoridades locales las encargadas de valorar y juzgar si las actividades denunciadas afectan aspectos propios del derecho provincial, como lo es todo lo concerniente al medio ambiente", agregó.
De esa manera, según la procuradora fiscal, "se reconoce a las autoridades locales la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan".
Remarcó además que "el ambiente es responsabilidad del titular originario de la jurisdicción, que no es otro que quien ejerce autoridad en el entorno natural y en la acción de las personas que inciden en ese medio, máxime cuando no se advierte en el caso un supuesto de problemas ambientales compartidos por más de jurisdicción".
El fallo de la Corte, que fue de carácter unánime, determina que "deberá seguir entendiendo en la causa el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 15 de Mar del Plata", precisaron fuentes judiciales.
La decisión lleva la firma del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El comisario inspector Alberto Raúl Candia declaró en el marco de la causa penal que investiga el juez federal de Mercedes
El Tercer Malón de La Paz llegó a la capital provincial de Buenos Aires, este miércoles 30 de agosto, para visibilizar la lucha de las comunidades originarias de Jujuy que llevan a cabo desde hace casi tres meses.
Ocurrió en el municipio bonaerense de Lanús. Los gendarmes allanaron seis domicilios en los que operaba una cooperativa de trabajo. Se trata de una empresa que había sido clausurada en 2010, presentado quiebra en 2012 y que continuó las actividades laborales al mando de sus empleados hasta la actualidad. Realizaban tareas de curtido de pieles de animales (remojado, pelambre y su terminación en cuero vacuno) y desechaban los efluentes líquidos peligrosos, sin tratamiento, al desagüe fluvial. Los trabajadores carecían de elementos de protección personal adecuados para la realización de las tareas. Uno de ellos es menor de edad.
Fue aprobado en la última sesión del Concejo Deliberante. Permitirá que quienes cumplen esa tarea tengan una credencial que los identifique. El concejal Gastón Casco destacó la importancia de reconocer a quienes juntan cartones, plásticos y vidrios como trabajadores.
A través de un trabajo conjunto entre Nación y Provincia se amplían las posibilidades de inversión en el marco del Programa GIRSAR, como incentivo a la producción privada.
El animal deambulaba por arriba del techo de una vivienda cuando fue auxiliado por los uniformados.
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La iniciativa presentada por el Ministerio de Turismo y Deportes busca navegar la zona después de 12 años con el objetivo de promover un turismo sustentable
El 23 de septiembre de 1983, en el Centro Atómico Constituyentes, Osvaldo Rogulich manipulaba el núcleo de un reactor nuclear. Una falla en el procedimiento le provocó la exposición a rayos gamma y neutrones. La irremediable muerte le llegó dos días después. El informe de la Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos sobre las causas del siniestro. Y la palabra de su hija: “Hubo una situación de descuido de la institución”