Por estos días, Mercedes quedó en el centro de una polémica que combina ambiente, política y un tema tan sensible como el derecho al acceso al agua segura. El Concejo Deliberante decidió archivar el debate por la presencia de arsénico en el agua potable, aun cuando el último informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) ubicó a la ciudad entre las jurisdicciones con niveles más altos del país, superando los 50 ppb.
La maniobra dejó perplejos a especialistas, vecinos y parte de la propia dirigencia local. El cierre del expediente fue impulsado por una alianza inesperada: Silvia Di Leo (La Libertad Avanza), Débora Lacasa (UCR) y el bloque oficialista alineado con el intendente Juan Ignacio Ustárroz. Los tres espacios defendieron la decisión asegurando que contaban con “múltiples estudios propios” que demostraban que el agua estaba “perfecta”. Nunca los mostraron.
Contradicciones, estudios fantasma y un argumento que se derrumba
La controversia escaló cuando el mapa publicado por el ITBA confirmó que Mercedes se encuentra en “zona roja” por la concentración de arsénico. A raíz de eso, reapareció la pregunta más básica: ¿dónde están los estudios con los que los concejales justificaron archivar la discusión?
La concejal libertaria Silvia Di Leo intentó responder, pero lo que dejó fue una serie de contradicciones que complicaron aún más el panorama. Primero dijo que los estudios estaban en secretaría. Después afirmó que los concejales nunca hacen análisis. Minutos más tarde aseguró que sí los habían visto. Frente a la pregunta elemental —qué laboratorio los realizó— no pudo responder. Ni nombre, ni ubicación, ni responsable técnico.
El punto más delicado es otro: estudios internos filtrados hoy confirman que las muestras efectivamente arrojaban valores por encima de los límites tolerados. Es decir, había datos oficiales que señalaban riesgo sanitario, pero los concejales decidieron archivar el tema igual.
La frase con la que defendieron la maniobra —evitar “alarmar a la población”— se vuelve insostenible ante esta evidencia. La población tenía razones concretas para estar alarmada.
Un frente político que eligió cerrar los ojos
La coordinación entre libertarios, radicales y kirchneristas para cerrar un debate de salud pública despertó sospechas desde el primer día. Más aún cuando el propio Ejecutivo municipal, en sintonía con los ediles, había sostenido previamente que la situación del agua era “normal”, pese a que tanto el ITBA como mediciones independientes ya hablaban de valores que duplicaban los límites recomendados.
A esto se suma un dato institucional grave: ninguna de las fuerzas que integraron el acuerdo mostró los documentos en los que supuestamente basaron su decisión. Ninguna pudo explicar de dónde salieron. Ninguna admitió públicamente que los resultados filtrados contradicen su discurso.
El problema real: el arsénico está y los valores no cierran
El ITBA detectó niveles superiores a 50 ppb, una cifra que coloca a Mercedes en el peor escenario. El arsénico no es un detalle técnico; es un contaminante asociado a enfermedades cardiovasculares, lesiones cutáneas y mayor riesgo de cáncer. La normativa argentina contempla límites tolerables, pero también un principio rector del derecho ambiental: el de prevención. Cuando las mediciones se acercan o superan esos valores, se activa la obligación de informar y actuar.
Lejos de eso, el municipio defendió la idea de que “todo es normal” y el Concejo Deliberante optó por archivar el tema. No informar, no mostrar los estudios y no transparentar la situación rompe con la obligación pública de garantizar el acceso a información ambiental, un derecho consagrado en la Ley General del Ambiente y reforzado por el Acuerdo de Escazú.
Una crisis que excede el agua
La situación de Mercedes ya no es solo un problema de contaminación. Es una crisis institucional. Un Concejo que archiva un debate de salud pública. Concejales que aseguran tener estudios que no pueden mostrar. Un Ejecutivo que pide “no alarmar” mientras los datos filtrados muestran niveles ilegales.
La pregunta que empieza a circular entre vecinos y especialistas ambientales es inevitable: ¿quién controla al que debe controlar? Con el arsénico en niveles peligrosos y la información oficial envuelta en opacidad, Mercedes enfrenta un desafío urgente: recuperar la verdad, transparentar los datos y garantizar el derecho básico al agua segura. Todo lo demás —alianzas circunstanciales, internas partidarias y discursos defensivos— queda en segundo plano frente a un riesgo que es real, medible y que ya no puede ser ocultado.
