Siguen desmontando en una finca en la que no se debería deforestar

Se trata de una propiedad ubicada en Rivadavia, adquirida por el empresario uruguayo Bruno Mauricio Varela Marín.
En lo que va de este año se desmontaron 250 hectáreas de la Finca La Peregrina, ubicada en el departamento Rivadavia, propiedad del empresario uruguayo Bruno Mauricio Varela Marín. Así surge de la denuncia que hizo la asociación ambientalista Greenpeace, luego del sobrevuelo sobre el territorio.
En el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) -vencido desde 2014 y de cuya actualización prometida por el actual gobierno provincial poco se conoce-, estas tierras estaban en la categoría II, o pintadas de amarillo. Esto implica que no se pueden pasar topadoras por su superficie.
En principio, se entiende que existe una ilegalidad. Pero el caso se enmarca en un panorama un tanto más complejo en el que las complicidades o la inacción de los gobiernos de turno permitieron que se continúe con los desmontes aún en zonas categorizadas como protegidas.
Mediante la aplicación de tecnología jurídica, en 2011 el gobierno de Juan Manuel Urtubey dispuso por decreto la posibilidad de convertir tierras protegidas, en tierras para el desmonte.
Es así que en julio de 2013 se convocó a audiencia pública para el desmonte neto de 7.050 hectáreas que estaban en zona amarilla en Finca La Peregrina, y donde la autorización de los desmontes fue posible gracias a las llamadas “recategorizaciones” que permitió el gobierno urtubeicista.
En 2014 se dieron de baja los dos decretos que permitían esta posibilidad, pero no se suspendieron las autorizaciones realizadas sobre aquellas zonas recategorizadas.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, su ministro de Ambiente, Sergio Bergman, emitió una resolución en la cual declaraba la ilegalidad de las recategorizaciones y por lo tanto, la necesidad de su suspensión de los efectos de esa medida.
El 25 de febrero de 2018, con la resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación en mano, el gobierno de Urtubey dispuso la suspensión de los desmontes en esta y otras 31 fincas que habían sido autorizadas a desmontar en lugares prohibidos por el OTBN. Hasta ese momento, según un monitoreo realizado por la provincia, en La Peregrina se había ejecutado el desmonte de casi 4 mil hectáreas.
En mayo de 2018, en un sobrevuelo, la asociación ambientalista Greenpeace detectó que Varela Marin seguía desmontando pese a la suspensión dispuesta por el gobierno. “Le dieron una multa de tres millones de pesos”, contó el coordinador de la campaña de Bosques, Hernán Giardini, a Salta/12.

Un relevamiento y un ¿perdón?
En 2019 a través del decreto 210 se inscribió un monitoreo de todas las fincas recategorizadas. En ese documento no se menciona la multa y las irregularidades de la finca del empresario uruguayo.
El relevamiento solo sostiene que “según la imagen satelital del 9 de febrero de 2018 se observa una superficie transformada de 882.05 has (hectáreas, en la segunda parte de tierras a desmontar), en la imagen satelital del 30 de abril del mismo año se suma una superficie transformada de 168.73 has. Siendo el total hasta la fecha 1050 has.”.
En el decreto de 2019 se incluye un acta que en su artículo tercero dispone que “con la firma del presente acuerdo y la revisión de la ejecución de los proyectos efectuados en el marco de los compromisos asumidos por las partes el 14 de mayo de 2018 (...) la provincia de Salta dará por finalizada la evaluación de la situación que motivó el dictado de la resolución 19/18 del Ministerio de Producción, Trabajo, y desarrollo Sustentable de la provincia de Salta”. Este instrumento legal era el que había dispuesto la suspensión de desmontes en áreas recategorizadas.
“De ahí no se supo más nada. Pese a que insistimos con pedidos de informes a la actual gestión”, dijo Giardini al referirse a los pedidos elevados durante la gestión a cargo de Gustavo Sáenz. Sucede que no se supo qué se hizo con el relevamiento, si hubo sanciones, posibilidades de que continúen con los desmontes pese a todo, o si se evaluó la posibilidad de hacer controles. Lo único que se puede decir por los monitoreos ambientalistas, es que el desmonte continúa en una zona donde no debería suceder. Salta/12 consultó al secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, pero no hubo respuestas.

La compraventa de tierras como negocio
Del informe que realizó Greenpeace durante su campaña contra los desmontes en Salta, surge que las tierras que conforman La Peregrina eran antes de CRESUD. La firma es “una de las empresas agropecuarias más importantes de Argentina (cuenta con casi un millón de hectáreas) y de las que más desmontó en la provincia de Salta (cerca de 90.000 hectáreas), en plena discusión parlamentaria de la Ley de Bosques vendió 14.516 hectáreas de su finca ‘Los Pozos’, cuya superficie era de 262.000 hectáreas y está ubicada en el departamento Rivadavia”.
Indica el informe de Greenpeace que “el 5 de junio de 2007, CRESUD informó a la Comisión Nacional de Valores que el precio acordado por dicha operación fue de U$D 2.177.431,50; es decir U$D 150 por hectárea, los que fueron abonados por el comprador en forma íntegra al momento de la escritura traslativa de dominio y entrega de posesión. Cabe destacar que la compañía tenía valuado en sus libros la parcela vendida a un valor de U$D 7 por hectárea, es decir que la presente venta arrojará un resultado de aproximadamente U$D 2,0 millones”.
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Fuente: Página 12