La Política Ambiental
El paisaje del este tucumano ha cambiado de manera profunda y silenciosa en las últimas décadas. Lo que antes era un mosaico de bosques nativos ahora está dominado por el monocultivo de soja, grandes superficies deforestadas y un modelo productivo que prioriza la rentabilidad sobre la sostenibilidad ambiental y social. Este proceso, que no surgió de manera espontánea, está vinculado a crisis económicas, políticas estatales, avances tecnológicos y la lógica extractivista que ha marcado gran parte del agroexportador argentino.
En departamentos como Burruyacu y Cruz Alta, la deforestación alcanzó más de 330.000 hectáreas entre 1976 y 2024, concentrando la tierra y profundizando la desigualdad territorial sin que la calidad de vida de los habitantes haya mejorado de manera significativa. Las comunidades locales se vieron desplazadas, mientras nuevas empresas agrícolas provenientes de Buenos Aires, Córdoba y hasta del extranjero expandieron la producción de soja y otros cultivos como vid, arroz y olivos, reemplazando al bosque nativo chaqueño.
Un cambio de uso del suelo con impactos ambientales y sociales
La expansión agrícola modificó radicalmente el ecosistema: el bosque chaqueño, que antes contaba con especies emblemáticas como el quebracho colorado santiagueño y el blanco, fue reemplazado por campos de monocultivo. Esta transformación provocó erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, inundaciones y desertificación en distintos sectores del territorio. Además, la presión sobre los recursos hídricos y los servicios ambientales se incrementó, generando mayor vulnerabilidad para las comunidades rurales.
Cultivos predominantes en los Departamentos Burruyacu y Cruz Alta. Fuente: Madariaga, H. (2024) y RIDES.
Aunque el potencial productivo de la región es alto, el modelo extractivista actual acentúa las desigualdades, concentra la tierra y limita los medios de vida de campesinos e indígenas. Las consecuencias son visibles: degradación ambiental, pérdida de biomasa, empobrecimiento de los bosques y migraciones hacia los cinturones urbanos de pobreza.
Marco normativo y vacíos regulatorios
La Ley Nacional de Bosques Nativos (Ley 26.331) estableció presupuestos mínimos de protección ambiental y la zonificación del territorio para conservar, restaurar y manejar sosteniblemente los bosques. Tucumán sancionó su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en 2010, pero han pasado 15 años sin que se actualice la normativa ni se tomen medidas efectivas para proteger estos ecosistemas. La eliminación de fondos para la conservación forestal y la falta de políticas públicas robustas agravan aún más la vulnerabilidad de los bosques y de quienes dependen de ellos.
La importancia de proteger lo que queda
Hoy, el este tucumano conserva apenas 143.200 hectáreas de vegetación natural remanente, principalmente en las Sierras del Nordeste, donde nacen las principales cuencas hídricas de la provincia. Los bosques nativos cumplen funciones cruciales: regulan el clima local, protegen los cauces de los ríos, mantienen la biodiversidad y reducen el riesgo de inundaciones y deslizamientos. En regiones con precipitaciones estacionales, estos ecosistemas actúan como reguladores esenciales del agua, un recurso cada vez más escaso y demandado.
Conservar y restaurar los bosques no es solo una cuestión ambiental: es una estrategia clave para garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola, la seguridad hídrica y la equidad territorial. Sin una acción decidida, el este tucumano seguirá enfrentando los costos de un desarrollo extractivo que sacrifica su riqueza natural y social en nombre de la rentabilidad inmediata.
Funte: unsam
Nota Original: Deforestación y usos suelo: implicancias territoriales en el este tucumano (autor David Alfredo Montenegro, miembro del Área de Ambiente y Política de la EPyG, escribió este artículo en el que analiza la transformación “profunda y silenciosa” de esta región: la expansión de la frontera agropecuaria.)
