Tucumán: Usurpación en la Reserva Natural de La Angostura, El Comisionado de El Mollar en el Ojo de la Tormenta

La Reserva Natural de La Angostura, ubicada en el corazón de Tucumán, se ha convertido en el epicentro de un escándalo inmobiliario que involucra a funcionarios, ex empleados públicos y hasta el mismo comisionado de la localidad de El Mollar, Jorge Cruz. Lo que comenzó como una denuncia por usurpación de tierras protegidas se ha transformado en un caso de dimensiones impredecibles, que podría tener consecuencias legales y políticas significativas para quienes han sido señalados.

Jorge Cruz, Comisionado de la localidad de El Mollar

La trama se destapó en octubre del año pasado, cuando trabajadores estatales descubrieron que desconocidos habían comenzado a ocupar tierras en la zona de la reserva. Lo que parecía ser un acto aislado de personas que buscaban asentarse en terrenos fiscales se convirtió rápidamente en una compleja red de intereses inmobiliarios, que, según las autoridades, buscaban comercializar esos terrenos de forma ilegal. La Fiscalía de Estado, bajo la dirección de la fiscal Gilda Pedicone, comenzó a actuar con rapidez, logrando que una jueza dictara una medida cautelar que prohibía nuevas construcciones y ventas en el área.

En medio de la investigación, saltaron a la luz una serie de irregularidades que involucraban a figuras clave en el ámbito político y administrativo. Uno de los puntos más alarmantes fue la denuncia contra Juan Pablo Castro, titular del proyecto inmobiliario, y otros colaboradores de la extinta Subsecretaría de Regularización Dominial, quienes habrían usurpado las tierras de la provincia y engañado a los compradores con documentación falsa. Pero lo más impactante fue la implicación del comisionado Jorge Cruz, quien, según los testimonios e indicios encontrados por la Fiscalía, habría sido cómplice de estos actos.

La situación tomó un giro inesperado cuando, durante los allanamientos realizados en la comuna de El Mollar y en la casa paterna de Cruz, se halló documentación clave que comprometía seriamente al funcionario. A pesar de sus intentos por desvincularse del caso, la evidencia recabada durante los operativos, incluidos planos de mensura y copias de facturas emitidas por la comuna, indicaron que Cruz no solo estaba al tanto de las operaciones ilegales, sino que además habría facilitado las mismas a cambio de favores y terrenos.

El fiscal Miguel Varela, a cargo de la investigación, sostuvo que este caso revela una red organizada con roles bien definidos. Además de los nombres mencionados, se ha identificado a otras personas involucradas, como Maximiliano Barreiro, Rafael Trujillo y Yanina Mamaní, quienes, según Varela, habrían actuado para obtener ganancias personales a costa de terrenos fiscales que, por su naturaleza, debían ser preservados. En sus declaraciones, Varela no dudó en calificar la situación como una “inmobiliaria paralela” dedicada a comercializar propiedades de forma ilícita.

El comisionado Cruz, lejos de salir ileso de la situación, se ha visto cada vez más acorralado. En su defensa, intentó minimizar su participación, alegando que no había iniciado ni aprobado los expedientes relacionados con el loteo en cuestión. Sin embargo, la aparición de pruebas documentales que contradicen sus palabras ha dejado en evidencia su responsabilidad en el asunto. La situación política de Cruz parece estar tocando fondo: se habla ya de su inminente desplazamiento de su cargo, tras la recopilación de pruebas que también podrían derivar en una acusación formal por usurpación, fraude y hasta por integrar una asociación ilícita.

En un contexto paralelo, la situación de los propietarios de los terrenos vendidos ilegalmente no deja de generar polémica. En octubre, la Justicia había dictado prisión preventiva contra el propietario de una de las viviendas usurpadas, Marcos Luciano Bolla, y dos albañiles que trabajaban en la construcción, por haber desobedecido la orden judicial que suspendía las obras en la zona de la reserva. Este fallo también desató un fuerte debate, sobre todo entre los veraneantes y las personas que habían adquirido propiedades en la zona, quienes alegan haber comprado de buena fe. Para muchos, la resolución judicial fue un golpe directo a la economía local, pues el desarrollo de este tipo de proyectos había generado expectativas de crecimiento económico y aumento del valor de las tierras.

Lo cierto es que el conflicto en La Angostura no solo involucra cuestiones legales y políticas, sino también ambientales. La reserva, que es un área protegida por su biodiversidad única, está siendo víctima de un modelo de desarrollo que pone en riesgo el equilibrio ecológico de la zona. A medida que la investigación avanza, las autoridades siguen enfrentando la presión de la comunidad y de los grupos ecologistas, que temen que la expansión inmobiliaria termine por arrasar con el último pulmón verde de la región.

Con las pruebas acumuladas y los imputados bajo la lupa, la Justicia no tardará en dar nuevos pasos. Se espera que en los próximos días se convoque una audiencia para formalizar las acusaciones contra los responsables de este escándalo. Mientras tanto, la mirada de la sociedad está puesta en cómo se resolverá este caso, que podría marcar un antes y un después en la lucha por la preservación de los recursos naturales en Argentina.

El futuro de La Angostura y sus tierras protegidas está en juego, y la sociedad espera que la Justicia actúe con firmeza para que este tipo de delitos no queden impunes, y que el derecho ambiental y los intereses de la comunidad sean resguardados frente a quienes intentan lucrar a costa de lo que debe ser un bien común.