La Política Ambiental
El reciente juicio que culminó con la absolución de cuatro activistas ambientales en Trelew marca un hito en la lucha por la defensa del agua y los derechos de las comunidades en Argentina. Jonathan Almada, Walter Medina, Víctor Cotut y Marcos Willipan fueron acusados de estrago doloso por su supuesta implicación en un incendio durante las protestas del “chubutazo” en 2021. Sin embargo, la falta de pruebas y la claridad de la movilización popular revelaron una trama de criminalización en la que el Estado intenta silenciar a quienes defienden el medio ambiente.
La defensa del agua y el territorio ha llevado a muchos activistas a enfrentarse a una sistemática persecución judicial en Argentina y América Latina. Este caso en Chubut no es un hecho aislado. En diversas provincias argentinas, los defensores ambientales han sido objeto de represalias legales y políticas.
Aldo Flores, un destacado líder comunitario, ha enfrentado múltiples denuncias y causas judiciales por su activismo en la lucha contra los impactos ambientales de la minería. Enzo Brizuela, por su parte, fue arrestado en 2019 durante una protesta pacífica. Ambos han sido objeto de hostigamiento y amenazas, con la intención de desmovilizar la resistencia social en una comunidad que se ha levantado en defensa de sus recursos naturales.
La represión en Andalgalá ha incluido tácticas de amedrentamiento por parte de las fuerzas de seguridad, así como la judicialización de la protesta. Los casos de Flores y Brizuela son solo ejemplos de cómo la criminalización se utiliza para silenciar a quienes defienden el agua y el territorio, haciendo eco de una tendencia más amplia en el país y la región.
Estos ejemplos reflejan una tendencia alarmante: la criminalización de la protesta social y el debilitamiento de las voces que se alzan en defensa del medio ambiente. Los poderes económicos, en su afán por avanzar en proyectos extractivistas, recurren a tácticas de amedrentamiento para desmovilizar a las comunidades que defienden sus derechos.
Un Movimiento Resiliente
A pesar de estas amenazas, la respuesta de la sociedad ha sido contundente. En Chubut, la movilización en defensa de los acusados y la denuncia de la persecución han fortalecido el movimiento ambientalista. Festivales, acampes y conferencias de prensa han servido para visibilizar la lucha y unir a diversas organizaciones en un frente común. La reciente absolución de Almada, Medina, Cotut y Willipan es un triunfo no solo para ellos, sino para todos los que defienden el agua y el medio ambiente.
“¡Ningún vecino a juicio por defender el agua!” resonó en las calles, un grito que encapsula la esencia de una lucha que trasciende fronteras. La solidaridad entre las comunidades, académicos, políticos y organizaciones sociales se ha convertido en un pilar fundamental en la defensa de los derechos humanos y ambientales.
La Convocatoria a la Acción
El próximo 24 de septiembre, se convocará a movilizarse en defensa de los luchadores sociales en todo el país, en una manifestación que no solo exigirá el cierre de causas penales, sino que también reafirmará el compromiso con un futuro sostenible y justo. La lucha por el medio ambiente no es un delito; es un derecho.
En un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales, la voz de los defensores ambientales es más necesaria que nunca. La resolución del juicio en Chubut debe ser un llamado a la acción y la unidad, un recordatorio de que quienes luchan por el bienestar de la tierra y las comunidades tienen el respaldo de un pueblo decidido a defender su futuro. La defensa del medio ambiente es, sin duda, una cuestión de justicia social.
Deberá capacitarse en fauna silvestre y terminar el secundario. El caso reaviva el debate sobre el maltrato animal y la educación ambiental en Argentina.
Un equipo de científicas del Conicet investiga las causas. Es el primer varamiento de este tipo registrado en la costa atlántica fueguina y uno de los tres casos documentados en todo el planeta.
El máximo tribunal asumió competencia en la causa presentada por comunidades indígenas y FARN por el derecho al ambiente sano y la consulta previa. El fallo podría marcar un precedente histórico en materia ambiental y de derechos humanos.
El diputado entrerriano Atilio Benedetti (UCR-JxC) impulsa una ley de “presupuestos mínimos” para todo el país. Organizaciones ambientales y especialistas alertan sobre los riesgos sanitarios y ecológicos.
