La Política Ambiental
La Justicia dictó una medida cautelar en el marco de una causa penal y ordenó la suspensión inmediata de todas las obras, desmontes y movimientos de suelo que se venían realizando en la zona conocida como Costa Pobre, en el partido de Ramallo. La decisión alcanza a las tareas vinculadas al proyecto denominado “Puerto Multimodal Ramallo”, cuestionado por vecinos y organizaciones socioambientales.
La resolución judicial hizo lugar a una medida de no innovar, disponiendo el cese total de actividades hasta que se presenten y obtengan las autorizaciones legales correspondientes, entre ellas la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y los permisos provinciales y nacionales exigidos para emprendimientos de esta magnitud. El fallo se apoya en la normativa ambiental vigente, que establece obligaciones claras y previas para proyectos con potencial impacto significativo.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental válida y, en particular, la falta de Audiencia Pública, instancia obligatoria de participación ciudadana que debe realizarse antes de aprobar cualquier iniciativa con efectos relevantes sobre el ambiente y la comunidad. En el caso de Costa Pobre, esa audiencia nunca fue convocada, vulnerando el derecho de la población a informarse, expresarse y participar en decisiones que afectan su territorio y su calidad de vida.
La Justicia consideró que esta omisión constituye una grave irregularidad administrativa y legal, que refuerza la ilegalidad de las obras ya realizadas. El fallo también pone el foco en la responsabilidad del Municipio, señalando que el avance de actividades sin cumplir los procedimientos ambientales obligatorios implica un incumplimiento del deber de control, prevención y protección del ambiente y de los bienes comunes.
Para los vecinos y organizaciones que impulsaron la denuncia, la cautelar representa un freno clave al avance irregular del proyecto y un antecedente relevante en la defensa del ambiente costero y del ordenamiento territorial. En un contexto nacional marcado por conflictos socioambientales y debates sobre flexibilización de controles, la decisión judicial en Ramallo vuelve a colocar en el centro un principio básico del derecho ambiental: sin evaluación, sin participación ciudadana y sin permisos, no hay obra posible.
