Defender el agua en Argentina: marchas masivas, decisiones políticas y personas detenidas

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Una publicación compartida de Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata (@asamblea.uspallata)

Mendoza volvió a ser escenario de una de las protestas socioambientales más importantes del país. Miles de personas se movilizaron desde distintos puntos de la provincia para rechazar el avance de la megaminería metalífera y exigir la protección del agua en una región atravesada por la escasez hídrica, la sequía prolongada y el impacto creciente del cambio climático.

La masiva movilización no fue un hecho aislado ni espontáneo. Expresó un malestar social profundo frente a un modelo de desarrollo que, tanto desde el gobierno provincial como desde el nacional, prioriza la extracción de recursos por sobre la protección de los bienes comunes y la participación ciudadana en las decisiones estratégicas.

El avance minero pese al rechazo social

Mientras las calles se llenaban de vecinos, asambleas ambientales, productores y jóvenes, la Legislatura mendocina avanzó con la aprobación de iniciativas que habilitan proyectos mineros de gran escala en zonas sensibles desde el punto de vista hídrico. La señal política fue clara: el rechazo social no fue suficiente para frenar decisiones alineadas con los intereses extractivos.

Desde el gobierno provincial se insiste en que la megaminería es una oportunidad económica, pero se evita responder una pregunta central: qué pasará con el agua en una provincia donde cada río, glaciar y acuífero resulta vital para la vida cotidiana, la producción agrícola y el abastecimiento urbano.

Protestar y enfrentar la respuesta punitiva del Estado

El conflicto escaló cuando la protesta social fue respondida con detenciones y procesos judiciales. Manifestantes y trabajadores de prensa que cubrían las movilizaciones fueron privados de su libertad bajo figuras penales cuestionadas, lo que generó denuncias por criminalización de la protesta.

Lejos de abrir instancias de diálogo, la respuesta del Estado provincial reforzó un clima de intimidación. El mensaje implícito resulta preocupante: quienes defienden el agua y cuestionan proyectos extractivos pueden terminar judicializados. Esta lógica no sólo vulnera derechos fundamentales, sino que debilita la democracia ambiental.

El rol del gobierno nacional y el giro extractivista

El conflicto mendocino no puede leerse sin el contexto nacional. El gobierno de Javier Milei impulsa una agenda de desregulación ambiental que presenta al extractivismo como salida económica, incluso en territorios con graves límites ecológicos. La reducción de controles, el discurso contra las regulaciones y el desprecio por la licencia social forman parte de una misma matriz.

En ese marco, las provincias aparecen como ejecutoras de una política nacional que relativiza los impactos ambientales y sociales en nombre de la competitividad y la atracción de inversiones.

La reforma de la Ley de Glaciares, un nuevo frente de conflicto

A esta tensión se suma un dato clave: la modificación de la Ley Nacional de Glaciares, uno de los pilares de la protección ambiental en Argentina, fue postergada para febrero de 2026. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo nacional con apoyo de varios gobernadores, busca flexibilizar los criterios de protección sobre glaciares y ambientes periglaciares.

La ley vigente reconoce a los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce. Su posible reforma abre interrogantes graves sobre el futuro del abastecimiento hídrico, especialmente en regiones áridas como Cuyo y la Patagonia. Para organizaciones ambientales y comunidades locales, el proyecto representa un retroceso que beneficia a la minería y a otras actividades extractivas en detrimento del interés público.

Agua, democracia y futuro

Lo que está en juego no es sólo un proyecto minero ni una ley específica. El conflicto pone sobre la mesa una discusión más profunda: quién decide sobre los recursos naturales y con qué criterios. En un país atravesado por la crisis climática, avanzar sobre glaciares y fuentes de agua sin consenso social ni garantías ambientales es una decisión de alto riesgo.

Las movilizaciones en Mendoza muestran que una parte creciente de la sociedad, especialmente los sectores jóvenes, no está dispuesta a aceptar un modelo que sacrifica el agua a cambio de promesas económicas de corto plazo. Defender el agua no es un delito ni un capricho ideológico: es una demanda básica para garantizar condiciones de vida dignas hoy y en el futuro.