Un caso que impactó al país y al mundo
Las imágenes de los nidos aplastados, con pingüinos y huevos destrozados, conmovieron a la opinión pública y rápidamente tuvieron repercusión internacional. Según la investigación, La Regina utilizó una retroexcavadora y colocó un alambrado electrificado de 900 metros para dividir su terreno, afectando gravemente la fauna y flora de una de las mayores colonias de pingüinos de Magallanes del planeta. Entre agosto y diciembre de 2021, destruyó 175 nidos y eliminó vegetación nativa en el proceso.
El juicio, iniciado en octubre, contó con la participación de querellantes de organizaciones ambientales como Greenpeace, la Fundación Patagonia Natural, National Geographic y la Asociación de Abogados Ambientalistas, además del Estado provincial. La acusación fue liderada por la fiscal general Florencia Gómez, quien destacó que los testimonios de expertos confirmaron el daño ecológico. “Este fallo es un hito y un punto de inflexión contra la impunidad ambiental”, afirmó la fiscal.
Rechazo a la propuesta reparatoria del acusado
Durante el juicio, La Regina ofreció donar 500 hectáreas de su propiedad, incluyendo la llamada Punta Clara, como compensación. Sin embargo, tanto la fiscalía como las organizaciones querellantes rechazaron esta propuesta, considerando que el impacto de su accionar era irreparable y que debía rendir cuentas ante la justicia.
Un precedente histórico para la justicia ambiental
“El mensaje es claro: el propietario de un campo no es dueño de la vida que habita en él”, expresó Matías Arrigazzi, de Greenpeace, quien participó en el juicio. “Un pingüino, un nido y la vegetación no son propiedad privada. Este fallo demuestra que el derecho ambiental protege la biodiversidad de los intereses especulativos”, agregó. Arrigazzi también advirtió que, aunque el pingüino fue la especie más afectada, la destrucción de hábitats tiene un impacto en todo el ecosistema, dificultando la recuperación del suelo y la absorción de agua, y aumentando el riesgo de inundaciones en áreas cercanas.
El abogado de la Fundación Patagonia Natural, Pablo Micheloud, destacó que la sentencia no solo beneficia a la fauna local, sino que representa un avance para la justicia ecológica en Argentina. “El fallo sienta las bases para implementar políticas más estrictas y crear conciencia en la sociedad. Debemos entender que la naturaleza y sus especies son bienes comunes, y este caso es una victoria para quienes no tienen voz”, señaló Micheloud.
La vulnerabilidad de los pingüinos de Magallanes
La reserva Punta Tombo alberga una de las mayores colonias de pingüinos de Magallanes en el continente, abarcando más de 210 hectáreas en la estepa patagónica. Esta especie, considerada “Casi Amenazada” según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), enfrenta peligros en tierra y mar, especialmente por el avance de la actividad humana. Los impactos van desde la destrucción de sus hábitats hasta las amenazas del cambio climático, la pesca intensiva y la explotación petrolera en los océanos.
Expectativa por la sentencia definitiva
La sentencia final se dará a conocer el 11 de noviembre, cuando se determinará la pena para La Regina. Este fallo sienta un precedente clave en el país y reafirma la importancia de proteger el ambiente y la biodiversidad, dejando claro que los delitos contra la naturaleza no quedarán impunes.
La justicia argentina parece haber dado un paso firme en la protección ambiental, en defensa de los recursos naturales y en contra de aquellos que, por intereses económicos, devastan ecosistemas enteros.