Grave: El gobierno argentino le quita tierras a la comunidad indígena Qom "Añi Alba" en Chaco

En noviembre de 2023, la comunidad Qom de la Colonia 54 “Añi Alba” recibió el reconocimiento de ocupación tradicional sobre el lote 154 de la localidad de Makallé, una victoria histórica para un pueblo originario que había sido despojado de sus tierras durante décadas. Sin embargo, este reconocimiento, que debería haber sido un avance hacia la justicia social y el respeto por los derechos indígenas, fue repentinamente revocado por el gobierno nacional a principios de 2025, generando preocupación y desconcierto en la comunidad y en la sociedad en general.

El 26 de enero de 2025, la Resolución 5/2025, publicada en el Boletín Oficial, oficializó la revocación de la concesión de tierras a la comunidad Qom. La razón esgrimida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para esta decisión se basa en una denuncia presentada por Mariel Luisa Crespo, una ciudadana que afirma ser copropietaria de una porción del terreno. Crespo argumentó que se habían cometido irregularidades en el proceso administrativo que derivó en el reconocimiento de la ocupación ancestral de la comunidad indígena. Según ella, se omitieron documentos clave que podrían haber alterado el resultado del relevamiento técnico y jurídico, lo que llevó a que parte de su propiedad, ubicada en el mismo terreno, fuera considerada parte del área ocupada por la comunidad Qom.

La Comunidad Qom en Makallé: Resistencia y lucha ancestral

La comunidad Qom “Añi Alba” de Colonia 54, en la localidad de Makallé, es un claro ejemplo de resistencia ancestral. Los pueblos Qom, también conocidos como Toba, habitan el Chaco argentino desde tiempos inmemoriales. En las últimas décadas, y especialmente a partir de la instauración de políticas que buscaban su asimilación, muchas comunidades indígenas han sido desplazadas, despojadas de sus tierras y marginadas en zonas de difícil acceso.

El caso de “Añi Alba” es un reflejo de esa resistencia. Esta comunidad, conformada principalmente por familias Qom, se encuentra en el corazón de un territorio que históricamente ha sido disputado por diversas facciones, entre las que se encuentran intereses agroindustriales, forestales y, en los últimos años, mineros. La lucha de la comunidad se centra en recuperar sus tierras ancestrales y asegurar la soberanía territorial que les corresponde por derecho. Las tierras otorgadas en noviembre de 2023 representaban una reparación histórica que les brindaba la posibilidad de reconstruir sus formas de vida, basadas en la agricultura de subsistencia, la caza y la pesca, en armonía con el ecosistema local.

El reconocimiento de la ocupación de tierras de la comunidad “Añi Alba” no solo implicaba un avance social, sino también un acto simbólico de justicia hacia los pueblos originarios del país, que habían sido sistemáticamente desplazados en favor de grandes empresas y sectores del poder económico. Este reconocimiento permitió que los miembros de la comunidad pudieran acceder a recursos para el desarrollo de sus proyectos comunitarios, incluyendo programas de salud, educación y bienestar social, áreas en las que las comunidades indígenas históricamente han tenido una marcada desventaja.

¿Un reclamo legítimo o un intento de despojo?

En primer lugar, es importante destacar que la decisión del INAI no está exenta de controversia. El proceso de reconocimiento de la comunidad como ocupante tradicional fue el resultado de años de lucha y movilización, y en este caso, la comunidad indígena “Añi Alba” obtuvo finalmente lo que le correspondía: el derecho sobre tierras que históricamente habitaron y cuidaron. Ahora, de la mano de una denuncia que llega tarde, se revoca esta concesión, dejando a la comunidad vulnerable ante una nueva incertidumbre sobre su futuro en esas tierras.

Es comprensible que, ante una denuncia sobre presuntas irregularidades, las autoridades tengan que actuar y revisar el proceso. Sin embargo, lo que resulta alarmante es la falta de un análisis exhaustivo sobre el impacto que esta decisión tiene en los derechos de los pueblos originarios, quienes han sido históricamente despojados y relegados a una marginalidad casi absoluta. Al revocar la concesión sin un debate abierto y con el aporte de todas las partes involucradas, el gobierno no solo pone en duda la validez de la ocupación ancestral, sino que también se corre el riesgo de volver a ignorar los derechos que estos pueblos tienen sobre sus territorios, reconocidos por la Constitución y por el derecho internacional.

¿Dónde está el respeto por la ley indígena?

Lo que está en juego en este conflicto no es solo una disputa sobre un pedazo de tierra, sino la supervivencia de una comunidad y su cultura. La Ley 24.071 de Pueblos Indígenas, junto con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, establece claramente el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y su derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Esto implica que no se puede anteponer el interés privado de una persona, como es el caso de la denuncia de Crespo, por encima de los derechos históricos de un pueblo entero.

El INAI, lejos de haber tomado una postura neutral, al revocar su propio acto administrativo da la impresión de estar cediendo ante una denuncia individual sin considerar el marco de derechos que ampara a los pueblos indígenas. Además, la resolución deja en manos de las autoridades provinciales la cuestión del reconocimiento de la comunidad, un proceso que podría dilatarse aún más y abrir la puerta a nuevos conflictos.

El contexto y la agenda pendiente del Gobierno

En un contexto global en el que el cambio climático y la crisis ambiental son temas urgentes, resulta paradójico que el gobierno nacional, que ha comprometido a Argentina en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, no esté tomando en cuenta el valor ecológico y social de reconocer y proteger las tierras de los pueblos originarios. Estos pueblos son los primeros defensores de la biodiversidad local, y su relación con la tierra es clave para la preservación de los recursos naturales.

Es cierto que el gobierno tiene el deber de garantizar la legalidad en los procesos administrativos, pero también debe tener en cuenta que este tipo de decisiones no deben tomarse sin una reflexión profunda sobre las consecuencias para las comunidades afectadas y el respeto por sus derechos. La revocación del permiso a la comunidad Qom "Añi Alba" no solo pone en jaque la justicia histórica que este pueblo esperaba, sino que también refleja la falta de coherencia entre las políticas del gobierno y los compromisos asumidos en el ámbito internacional respecto a la defensa de los derechos humanos y ambientales.

En resumen, la reciente revocación del permiso de ocupación otorgado a la comunidad indígena Qom “Añi Alba” plantea más preguntas que respuestas. El gobierno debe repensar sus decisiones y asegurar que, al intentar corregir posibles irregularidades, no se vulnere el derecho de los pueblos originarios a vivir y desarrollarse en sus tierras ancestrales.