Caza ilegal en Entre Ríos: la brutal muerte de un puma expone la falta de controles y la impunidad de los cazadores

La ejecución cruel de un puma en Entre Ríos volvió a encender las alarmas sobre el crecimiento descontrolado de la caza ilegal en la provincia. El animal fue acorralado por una jauría de perros y rematado a balazos, mientras los responsables se jactaban del hecho en redes sociales. Organizaciones ambientalistas denuncian que la caza de especies protegidas es una práctica cada vez más frecuente, amparada por la falta de controles y la complicidad del gobierno provincial con los negocios de los cotos de caza.

El asesinato del puma que conmovió a Entre Ríos
El 16 de enero, un cazador identificado como Nicolás Adriel publicó videos en los que se veía a un puma acorralado por perros de caza, que lo atacaban hasta dejarlo agonizando. En las imágenes se escucha la excitación de los cazadores mientras rematan al animal con disparos.

El caso ocurrió en Cuchilla Federal, departamento de Gualeguaychú. Vecinos habían alertado días antes sobre la presencia del puma y pidieron a la policía rural que lo protegiera. Sin embargo, Adriel y al menos tres cómplices salieron deliberadamente a matarlo.

Organizaciones como Ecoguay y el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) denunciaron el hecho y exigieron que la Justicia actuara. En un primer momento, el juez Tobías Podestá consideró que no había pruebas suficientes para investigar, pero tras la viralización del caso y la presión pública, se ordenó allanar la vivienda del sospechoso. Ocho días después, solo encontraron cuchillos, un celular y municiones.

“El puma está protegido por leyes nacionales y provinciales. Queremos que se aplique la Ley de Fauna contra este hombre, pero la pena máxima es de solo dos años de prisión. Aún así, dudamos de que la causa avance”, lamentó Ana Ardaiz, presidenta de Ecoguay.

Entre Ríos, un territorio sin control donde la caza es moneda corriente
Lejos de ser un caso aislado, la caza ilegal en Entre Ríos se ha vuelto una actividad habitual, con la complicidad del Estado. “En materia de caza, la provincia es un descontrol. Básicamente, es un matadero de animales autóctonos”, denuncia Gabriel Bonomi, de Ceydas.

En los primeros 20 días de 2025, ya murió una persona en un accidente de caza, y en los últimos tres años hubo al menos ocho casos fatales. Pese a esto, el gobierno provincial sigue autorizando la caza deportiva, incluso de especies protegidas.

La Resolución N°997 habilitó la matanza de nueve tipos de aves autóctonas y liebres, sin estudios científicos ni consulta pública. “Traen cazadores extranjeros a cotos de caza para matar aves, sin ningún tipo de regulación. Se cazan cientos de miles de aves por año con la autorización del gobierno provincial”, agrega Bonomi.

Esta política de fomento de la caza comenzó con el exgobernador Gustavo Bordet y se profundizó con la actual gestión de Rogelio Frigerio. Durante el gobierno peronista, organizaciones ambientalistas lograron frenar algunas medidas en la Justicia, pero la administración actual amplió la permisividad en los cotos de caza menor.

“No hay ningún tipo de control porque la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales de la provincia no tiene capacidad para supervisar lo que ocurre en todo el territorio”, denuncian los activistas.

Negocios millonarios y connivencia política
Los operadores de cotos de caza están registrados en la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo, pero los ambientalistas advierten que no hay control sobre lo que ocurre dentro de estos establecimientos privados.

El caso del mexicano Mario Canales Najjar, presidente de la Federación de Caza de su país, es un ejemplo de la falta de regulación. En 2022, Najjar murió en un coto de caza de Entre Ríos cuando el búfalo al que había disparado lo embistió. Se descubrió luego que las armas utilizadas no estaban registradas y que el coto tenía permiso solo para cazar palomas, pero organizaba expediciones de caza mayor.

El negocio de la caza es millonario. Cada excursión para cazar patos en Entre Ríos cuesta entre 3.000 y 4.000 dólares por persona, y los turistas extranjeros pueden realizar dos o tres salidas diarias. Esta actividad genera enormes ingresos para los empresarios del sector, y se supone que también para la provincia.

Cultura o crueldad: el debate por la caza deportiva
Para el gobierno provincial, la caza es parte de una “tradición cultural”. Sin embargo, las organizaciones ambientalistas buscan cambiar esta visión.

“Fuimos al Consejo General de Educación en Paraná a pedir que en las escuelas se enseñe el respeto a los animales y al medio ambiente, pero no obtuvimos respuestas”, cuenta Ardaiz.

Las especies en peligro no son solo los pumas. Aguará guazúes, peludos, mulitas, vizcachas y lagartos overos están cada vez más amenazados por la caza descontrolada y la destrucción de su hábitat.

Crisis de biodiversidad: el precio de la impunidad
Matías Arrigazzi, de Greenpeace Argentina, advierte que la caza ilegal es solo un síntoma de una crisis mayor.

“Los ecosistemas están desbalanceados por la ausencia de grandes predadores como el puma y el yaguareté, que fueron cazados o desplazados por la expansión agrícola. Estamos en una crisis de biodiversidad: más del 90% de los mamíferos en Argentina enfrentan algún tipo de amenaza relacionada con el ser humano”.

Mientras la caza ilegal sigue creciendo en Entre Ríos y en otras provincias, las denuncias se acumulan sin respuestas. La muerte del puma de Gualeguaychú fue un símbolo de la impunidad con la que operan cazadores y empresarios, en un sistema donde la vida silvestre parece valer menos que un negocio turístico