Injusticia en El Bolsón: La prisión preventiva de Nicolás Heredia y la criminalización de la pobreza

 Hoy la Justicia que ratificó la prisión preventiva de Nicolás Damián Heredia, un joven de 31 años detenido en el marco de la investigación sobre los incendios en El Bolsón, genera serias inquietudes sobre la proporcionalidad de las medidas judiciales y la posible criminalización de la pobreza. En un contexto donde aún no existen pruebas contundentes que lo vinculen con el delito imputado, esta detención parece más una medida punitiva que preventiva, y no hace más que reflejar las tensiones sociales que persisten en nuestro país.

Heredia fue arrestado el 6 de febrero tras ser encontrado con una botella que se sospecha contenía líquido inflamable cerca del río Azul, en una zona afectada por incendios forestales. A pesar de que las pruebas siguen siendo inciertas —ya que no se ha confirmado si el líquido encontrado era inflamable— la fiscalía insiste en que su intención era provocar un incendio. Según los testigos, Heredia fue visto en actitud sospechosa en la zona de Mallín Ahogado, en el sendero que conduce a la confluencia de los ríos Azul y Blanco. Algunos aseguraron que, además de la botella, su vestimenta, una camisa amarilla similar a la de los brigadistas que combaten incendios, alimentó las sospechas de que su presencia en el lugar no era fortuita.

Sin embargo, ¿es justo mantener a una persona detenida cuando la evidencia es tan débil? Más aún, ¿es ético que se le haya aplicado prisión preventiva por un presunto delito cuya tentativa no ha sido probada de manera fehaciente? 

Este caso parece reflejar una tendencia más amplia: la criminalización de los sectores más vulnerables. Heredia proviene de una comunidad humilde, y tal vez por eso, como denuncia su madre, Sandra Gramajo, fue elegido como el chivo expiatorio perfecto para un caso mediático. La acusación recae sobre un hombre con pocos recursos, sin un historial delictivo previo, cuya única intención habría sido sumarse como voluntario para ayudar en el combate contra los incendios. La injusticia de su detención se acentúa al ver cómo las autoridades parecen haberlo señalado por su condición social y su apariencia, como si su pobreza fuera una prueba en sí misma.

El día de la audiencia de impugnación, donde la defensa de Heredia solicitó su liberación, se desató una fuerte protesta en su localidad natal, Senillosa, y en varias partes de la región. Familiares, amigos y organizaciones sociales se movilizaron para exigir su liberación. El argumento central de la protesta fue que Heredia fue detenido injustamente, que su detención no se basaba en pruebas sólidas, sino en prejuicios sociales. "Mi hijo está preso por ser morocho y pobre", dijo la madre del detenido, quien encabezó el reclamo. Esta manifestación también reflejó el malestar de la comunidad ante la vulneración de derechos humanos que representa la detención de un inocente, como lo sostienen diversos sectores.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), su representante Rubén Marigo también expresó su preocupación. Según él, no existen pruebas suficientes para justificar la prisión preventiva y remarcó que el delito por el cual se imputa a Heredia, "incendio en grado de tentativa", es excarcelable si no hay evidencias contundentes. La defensa de Heredia, por su parte, insistió en que el joven había sido incriminado, y que la botella con el supuesto líquido inflamable había sido colocada allí intencionalmente para incriminarlo.

En medio de este panorama, es esencial plantearse si la Justicia está tomando la decisión correcta, o si, por el contrario, está cayendo en el error de criminalizar a una persona sin pruebas claras, simplemente por ser de una clase social vulnerable. ¿Está la Justicia priorizando el "castigo" sin considerar la falta de pruebas claras y el contexto de las personas involucradas?

Los testigos que presenciaron su presencia en la zona también hablan de su actitud sospechosa, pero no se han presentado elementos concretos que vinculen a Heredia con la intención de causar daño. Si bien el caso es grave debido a la magnitud de los incendios forestales, la medida tomada por la Justicia no parece ser la más adecuada. La prisión preventiva, que debería ser excepcional, se ha convertido en una herramienta de represión antes de que se compruebe la culpabilidad, lo que va en contra del principio de inocencia que rige en el sistema judicial argentino.

El caso de Nicolás Heredia no solo debe ser una oportunidad para cuestionar las medidas tomadas por la Justicia, sino también un llamado a reflexionar sobre la criminalización de la pobreza y las políticas de seguridad pública. La lucha contra el cambio climático y la protección de los ecosistemas son prioridades indiscutibles, pero la respuesta punitiva no puede ir en detrimento de los derechos humanos de aquellos que, sin pruebas claras en su contra, se ven atrapados en un sistema que parece más interesado en dar respuestas rápidas que en garantizar justicia real.