La Política Ambiental
En un fallo que marca un hito en la defensa ambiental, la Justicia Federal de Resistencia extendió por seis meses la medida cautelar que prohíbe los desmontes en la provincia de Chaco. Esta decisión responde a una causa impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y representa un freno necesario al avance ilegal sobre los territorios protegidos, en un contexto donde la deforestación continúa siendo una amenaza latente.
La medida no solo prolonga la prohibición, sino que exige acciones concretas de fiscalización. La Dirección de Bosques del Chaco deberá intensificar los controles sobre el uso de maquinaria pesada, monitoreando desplazamientos, lugares de almacenamiento y propietarios involucrados. Además, el organismo está obligado a presentar informes periódicos que detallen las infracciones detectadas desde el 21 de noviembre de 2024.
El doble discurso del gobierno chaqueño
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas señalaron la importancia de la medida judicial, destacando que “la jueza hizo lugar a nuestro pedido de medidas complementarias”. En un comunicado, la organización denunció la falta de transparencia del gobierno provincial: “El gobierno de Chaco, y en particular la Dirección de Bosques, dejó de remitir al juzgado y a la fiscalía las infracciones detectadas. Esto evidencia la doble postura del gobierno actual: se presenta como defensor de los bosques mientras incumple los requerimientos judiciales”.
El impacto ambiental es innegable. Durante 2024, la deforestación en Chaco abarcó una superficie equivalente a dos veces la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la prohibición vigente, el desmonte ilegal persistió, lo que deja en evidencia un preocupante incumplimiento de las normativas ambientales y una posible connivencia de las autoridades locales.
¿Quién controla a los que deben controlar?
La situación en localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo es alarmante. Operativos recientes de la Dirección de Bosques lograron frenar desmontes en curso, demostrando que la amenaza es real y constante. Para la Asociación, la prórroga es “una victoria para el movimiento socioambiental”, pero también un llamado de atención sobre “la precariedad de las herramientas legales frente a la voracidad del modelo de puertas giratorias”.
“El Poder Ejecutivo provincial tiene ahora la responsabilidad de demostrar su compromiso con la protección del bosque nativo. Deberá rendir cuentas sobre sus políticas y garantizar que esta medida no sea solo un paréntesis en la depredación del monte chaqueño”, advirtieron.
La extensión de la prohibición es, sin duda, una bocanada de aire fresco para el monte nativo, pero el desafío está lejos de terminar. El verdadero éxito de esta medida dependerá de su efectiva implementación y de la voluntad política para frenar, de una vez por todas, el avance de la denominada “Mafia del Desmonte”.
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