El gobierno de Milei habilitó la exportación de fauna silvestre y pone en riesgo décadas de protección ambiental

29/04/2025La Política AmbientalLa Política Ambiental
tucan

La gestión de Javier Milei acaba de derribar una de las barreras más importantes en la protección de la fauna nativa argentina. A través de la Disposición 381/2025, firmada por el subsecretario de Ambiente Fernando Jorge Brom, el Ejecutivo derogó una normativa histórica que prohibía desde 1986 la exportación, comercialización y traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre.

Durante casi 40 años, la Resolución 62/86 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca estableció un marco legal mínimo para evitar la salida de animales autóctonos del país. No era perfecta, pero fijaba un límite claro frente al comercio de vida silvestre. Ese freno ya no existe.

La decisión de Brom no solo elimina esa protección, sino que también ataca normativas posteriores como la Resolución 513/2007, que regulaba estrictamente la caza, captura y exportación de fauna, y la más reciente 389/2022, que introducía ciertas excepciones, pero que el gobierno calificó de “burocrática e ineficiente”.

Especies en la mira

Entre las especies que podrían ingresar en circuitos legales de exportación bajo estas nuevas condiciones se encuentran:

- Loro hablador (Amazona aestiva)
- Tucán toco (Ramphastos toco)
- Cardenal común (Paroaria coronata)
- Ñandú (Rhea americana)
- Tortuga terrestre chaqueña (Chelonoidis chilensis)
- Yacaré overo (Caiman latirostris)
- Venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus)
- Mono carayá (Alouatta caraya)
- Gato montés (Leopardus geoffroyi)
- Ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus)

La excusa utilizada por el funcionario libertario es la misma que en otras áreas: desregular, “liberar” mercados, reducir trámites. Pero en este caso, el costo no es económico sino ambiental, ecológico y ético.

La disposición ahora permite que animales vivos, productos y subproductos de especies nativas puedan exportarse si provienen de criaderos inscriptos, si están destinados a rehabilitación o si se trata de fines científicos o de repoblación. El problema es que, sin una autoridad nacional fuerte y con provincias desbordadas o desfinanciadas, estos márgenes legales se convierten en vías de escape para el tráfico y la sobreexplotación.

Aunque desde el gobierno se aclara que no se trata de una “liberalización total”, el simple hecho de haber eliminado la prohibición general ya representa un retroceso gravísimo en materia de conservación. En vez de actualizarla o mejorarla, se optó por borrarla del mapa sin consulta pública ni participación de especialistas, universidades ni organizaciones ambientalistas.

La medida tampoco se da en un contexto neutro. Según datos oficiales del ex Ministerio de Ambiente, el tráfico ilegal de vida silvestre genera entre 15.000 y 20.000 millones de dólares al año en todo el mundo, ubicándose como el cuarto comercio ilegal más rentable, solo detrás de las drogas, la falsificación y la trata de personas.

Argentina es parte activa de esa red. Más de 100 especies de aves, 20 reptiles y 15 mamíferos están siendo afectadas, entre ellas muchas amenazadas. El cardenal, el loro hablador, los tucanes, monos, tortugas terrestres, ciervos y felinos nativos figuran entre los más traficados. Lejos de reforzar controles, este gobierno decide liberar el paso.

Sebastián Di Martino, biólogo y referente del rewilding en Argentina, lo resumió con contundencia: “El momento para proteger nuestra fauna nativa es ahora”. Pero el mensaje no llegó a los escritorios de Brom ni de Daniel Scioli, secretario de Deportes y Turismo, bajo cuya órbita quedó el área de Ambiente tras la degradación institucional del ex ministerio.

En plena crisis climática y ecológica, el gobierno nacional opta por debilitar aún más su estructura ambiental. Mientras otras naciones refuerzan regulaciones, Milei levanta barreras de control. No es desburocratización: es desprotección.

La fauna silvestre argentina queda ahora más expuesta. A la presión del mercado, al negocio legal e ilegal, y al abandono de un Estado que ya ni siquiera pretende cuidar lo que es de todos.

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