La Política Ambiental
Mientras el gobierno nacional impulsa la reactivación del Plan Nuclear Argentino y destaca el potencial del uranio como recurso estratégico, en Chubut resurgen las tensiones. Desde hace más de dos décadas, la provincia es símbolo de resistencia popular frente a la megaminería, y ahora, una vez más, se enfrenta a una posible avanzada sobre su territorio.
El detonante reciente fueron las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en una entrevista aseguró que si existe demanda internacional por uranio, Argentina debería venderlo. “¿De qué te sirve tenerlo enterrado y cagarse de hambre?”, expresó, y generó una inmediata reacción de organizaciones ambientales y sociales.
Desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), el biólogo Raúl Montenegro, Nobel Alternativo en 2004, cuestionó la lógica de explotar el uranio como solución económica. Señaló los impactos ambientales de este tipo de minería, como la generación de residuos radiactivos y el potencial daño a los acuíferos. También apuntó contra lo que considera una política de entrega de recursos estratégicos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga amplios beneficios a empresas extranjeras.
En paralelo, Chubut atraviesa un clima social complejo. El 22 de abril fueron condenadas seis personas por participar en las movilizaciones de 2021 contra la rezonificación minera que había habilitado la megaminería en la meseta central. Las protestas de aquel diciembre fueron masivas y lograron que el entonces gobernador Mariano Arcioni diera marcha atrás con la medida, aunque hoy el tema vuelve al centro del debate.
Desde distintos sectores sociales denuncian que el fallo judicial se basa en testimonios de policías infiltrados y no en pruebas contundentes. Lo ven como un intento de criminalizar la protesta y de disuadir futuras resistencias, justo cuando la minería del uranio vuelve a instalarse como opción económica para una provincia golpeada por la caída de regalías petroleras y dificultades en sectores como la pesca y el turismo.
El proyecto de ley 047/2025, presentado recientemente por el gobernador Ignacio Torres, busca crear una empresa provincial de energía (EPECH), habilitada a explotar recursos con potencial energético. Si bien el uranio no se menciona directamente, ambientalistas como Pablo Lada, referente del Movimiento Antinuclear de Chubut, advierten que la iniciativa puede abrir la puerta a esa actividad, esquivando la Ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en la provincia.
Los defensores del proyecto insisten en que el uranio puede explotarse sin violar esa ley, ya que no requiere cianuro. Sin embargo, desde las organizaciones locales recuerdan que, para que sea rentable, suele realizarse a cielo abierto y con técnicas como la lixiviación in situ, que afectan directamente los acuíferos.
A esto se suma el contexto nacional: de los 17 proyectos de uranio en el país, 8 están en Chubut y 14 en la región patagónica. Aunque la mayoría están en etapa de prospección o exploración inicial, el gobierno nacional ya expresó su intención de avanzar, en parte como respuesta al crecimiento de la demanda mundial de energía nuclear y al rol clave que el uranio puede tener en desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial.
Desde FUNAM y las asambleas ciudadanas recuerdan que en Chubut hubo un plebiscito vinculante que rechazó la instalación de un basurero nuclear en Gastre y que la sociedad lleva más de 20 años diciendo no a este tipo de actividades extractivas. Por eso, plantean que cualquier avance debería pasar por una consulta amplia y vinculante, con información clara y participación activa de las comunidades.
El debate no es nuevo, pero el contexto sí lo es. Frente a una crisis económica profunda, el gobierno nacional y el provincial ven en el uranio una alternativa productiva. Del otro lado, sectores sociales y ambientales advierten sobre los riesgos de una política que, según ellos, puede hipotecar los bienes comunes a largo plazo.
Más allá de las posiciones, lo cierto es que Chubut vuelve a ser escenario de una discusión clave para el país: cómo equilibrar desarrollo económico con cuidado ambiental, y cómo tomar decisiones que no pasen por encima de la voluntad popular.
