Piden la extradición del argentino acusado de liderar una red internacional de caza ilegal

Jorge Noya, un empresario argentino que se presenta como “cazador profesional”, está siendo investigado por liderar una presunta organización criminal dedicada al turismo de caza ilegal. Bolivia acaba de solicitar formalmente su extradición, acusándolo de haber cazado ilegalmente yaguaretés en peligro de extinción en la selva boliviana. La causa marca un hecho inédito en la región: sería el primer pedido de extradición por delitos ambientales vinculados al biocidio.

Hasta 2024, Noya operaba abiertamente en Argentina a través de su empresa Caza & Safaris, que ofrecía "caza asegurada" de especies protegidas a clientes de alto poder adquisitivo, mayormente provenientes de Estados Unidos, Europa y Rusia. Pero detrás de esa fachada, las autoridades descubrieron una red que operaba dentro y fuera del país, violando leyes de protección ambiental y de conservación de fauna silvestre.

Las pruebas que lo comprometen

En agosto de 2024, la justicia argentina allanó sus propiedades y depósitos. Incautaron 44 armas de fuego, 12 vehículos, 7971 trofeos de caza (entre cráneos, cuernos y pieles), y documentación que reveló los movimientos de su red, tanto en Argentina como en Bolivia y Brasil. Entre el material secuestrado, también encontraron fotografías de Noya posando junto a ejemplares muertos de yaguareté, especie en peligro crítico de extinción.

Según el informe de la revista Nómadas, su último ingreso a Bolivia habría sido en julio de 2024. Ingresó de manera irregular, cazó animales prohibidos y salió del país sin control fronterizo.

Un negocio de lujo montado sobre el delito

La investigación muestra que Noya ofrecía paquetes completos que incluían hospedaje, armas, permisos y traslado. Si los ejemplares solicitados no estaban disponibles en Argentina, cruzaban a Bolivia o Brasil. La estrategia era clara: vender experiencias de caza exclusiva a extranjeros en zonas ricas en biodiversidad y con baja presencia estatal.

Los clientes eran captados en ferias internacionales como el Safari Club International (Las Vegas) o la Feria Cinegética de Madrid, además de foros especializados y redes sociales. Una vez en Argentina, eran recibidos en Ezeiza y trasladados a cotos de caza asociados a Caza & Safaris.

La causa judicial

En Argentina, Noya fue procesado junto a otras seis personas por asociación ilícita, tráfico y provisión ilegal de armas de fuego, maltrato animal y depredación de fauna silvestre. La causa está en manos del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, con intervención del fiscal Sergio Mola. Actualmente, cumple prisión domiciliaria.

En Bolivia, la investigación está a cargo del fiscal ambiental Miguel González. La querella, encabezada por el abogado Rodrigo Herrero, junto con activistas como Marco Uzquiano y Lisa Corti, formalizó el pedido de extradición ante la justicia federal argentina.

Herrero explicó que, si bien el proceso puede demorar, es una oportunidad histórica: “No conocemos otro caso en América Latina donde se haya solicitado una extradición por biocidio y destrucción del patrimonio natural. Sentaría un precedente clave para la región”.

El yaguareté, en la mira de la caza ilegal

El yaguareté, símbolo de la fauna sudamericana, se encuentra en peligro crítico de extinción. En Argentina quedan menos de 250 ejemplares, y solo unos 20 viven en libertad en la región chaqueña. Cada ejemplar cazado ilegalmente no solo representa una tragedia para la especie, sino también una amenaza directa al equilibrio de los ecosistemas donde cumple un rol fundamental como depredador tope.

El caso Noya expone las fallas de control estatal, la impunidad que aún rodea a muchos crímenes ambientales y la necesidad urgente de reconocer a la caza ilegal y el tráfico de fauna como delitos graves, que deben ser juzgados con todo el peso de la ley, dentro y fuera de las fronteras nacionales.