La Política Ambiental
En un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y la contaminación, varias provincias hidrocarburíferas de Argentina han tomado la iniciativa para regular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector hidrocarburífero, ante la falta de una legislación nacional uniforme. A pesar de que en noviembre de 2023 se creó el “Programa nacional de medición y reducción de las emisiones fugitivas derivadas de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos” (Resolución N° 970/23), esta resolución aún no ha sido reglamentada y el proyecto de ley correspondiente sigue pendiente de tratamiento en el Congreso. Esta situación ha dado lugar a una disparidad en las regulaciones provinciales, lo que genera una falta de coherencia y puede dificultar la efectividad de las políticas ambientales.
Regulaciones Provinciales: Una Respuesta Local ante la Ausencia de Normativa Nacional
Ante la inacción del ámbito nacional, las provincias productoras de hidrocarburos han avanzado en la creación de normativas específicas. A continuación, se describen algunas de las principales medidas adoptadas:
Río Negro: Ley N° 5733
En julio de 2024, la provincia de Río Negro dio el primer paso significativo con la sanción de la Ley N° 5733, que afecta a las empresas petroleras que prorroguen sus concesiones en la provincia. Esta ley exige que las empresas implementen medidas progresivas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) e incorporen tecnologías de Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (CCUS). Además, los estudios de impacto ambiental deben incluir la evaluación de la huella de carbono, y los informes anuales de monitoreo ambiental deben incorporar la cuantificación de emisiones de GEI, siguiendo la norma IRAM 14064.
Chubut: Resolución N° 58/2024
En septiembre de 2024, Chubut promulgó la Resolución N° 58/2024, enfocada en la regulación de las emisiones de metano en las actividades hidrocarburíferas. Esta norma establece requisitos para la presentación de diversos planes y programas, como el Plan Anual de Gestión de Emisiones de Metano, el Programa de Detección y Reparación de Fugas, y un plan de monitoreo y recambio de equipos. Estas medidas buscan minimizar las fugas de metano, un gas particularmente dañino para el clima.
Neuquén: Resolución N° 285/25
La provincia de Neuquén, clave en la industria del petróleo y gas, también adoptó su propio enfoque a través de la Resolución N° 285/25 en febrero de 2025. Esta medida establece un Programa de Monitoreo y Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que exige a las empresas hidrocarburíferas informar sobre las emisiones de metano, dióxido de carbono y óxido nitroso. Las empresas que operen en exploración, explotación, transporte, almacenamiento, procesamiento e industrialización de hidrocarburos deben llevar un registro detallado de sus emisiones.
Mendoza: Decreto N° 758/25
La provincia de Mendoza, por su parte, implementó en abril de 2025 el Programa Provincial Integral de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Este programa, que abarca a grandes industrias, incluidas las hidrocarburíferas, establece objetivos para la detección, control, cuantificación, medición, reporte y reducción de emisiones. Los sujetos obligados deberán cuantificar sus emisiones anuales y declarar ante la autoridad de aplicación, que podrá imponer límites de intensidad de emisiones para los años 2030, 2040 y 2050, así como implementar programas de reducción y compensación.
La Necesidad de una Ley Nacional Unificada
Si bien las regulaciones provinciales muestran una voluntad de proteger el medio ambiente, también reflejan una profunda disparidad en los enfoques, lo que podría generar incertidumbre para las empresas operadoras y dificultar el cumplimiento efectivo de las metas de descarbonización. La falta de una normativa nacional uniforme crea un panorama en el que las provincias desarrollan sus propias regulaciones, sin coordinación ni armonización, lo que podría derivar en prácticas dispares y en una complejidad administrativa para las empresas que operan en varias jurisdicciones.
En este sentido, el artículo 2° del Anexo III del Decreto N° 1057/24 establece que la emisión de gases de efecto invernadero asociada a la actividad hidrocarburífera debe ser regulada de manera uniforme a nivel nacional y provincial. Sin embargo, como se observa, las normativas provinciales han avanzado de manera aislada, sin la debida reglamentación nacional.
Conclusión: Urge la Implementación de una Ley Nacional para la Descarbonización del Sector Hidrocarburífero
La situación actual pone de manifiesto la urgencia de que el Congreso apruebe una legislación nacional que regule las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector hidrocarburífero de manera coherente y uniforme. Esto no solo garantizaría un marco normativo claro y estable para las empresas, sino que también sería un paso fundamental para la protección del medio ambiente y la contribución de Argentina a los compromisos internacionales de cambio climático. Mientras tanto, las provincias continúan tomando la delantera en la implementación de regulaciones, y el desafío sigue siendo lograr un equilibrio entre el desarrollo económico del sector y la necesidad de reducir la huella de carbono del país.
El máximo tribunal de la provincia ordenó la suspensión de la actividad extractiva en el Salar del Hombre Muerto, y fue reconocido por un organismo clave en derechos humanos del continente.
