La Política Ambiental
En apenas un año de gestión, Cristian Larsen —ya ex presidente de la Administración de Parques Nacionales— dejó tras de sí una huella tan destructiva como evidente: despidos masivos, abandono frente a los incendios forestales, ataques sistemáticos a comunidades mapuche y decisiones que afectaron de forma directa tanto a la biodiversidad como a quienes trabajan todos los días por protegerla.
Su paso por el organismo, que debería ser un bastión de la defensa ambiental y del patrimonio común, estuvo atravesado por un claro desprecio hacia los pueblos originarios, el ambiente y los propios trabajadores del sistema nacional de áreas protegidas.
Uno de los episodios más alarmantes fue su reacción frente a los incendios que azotaron la Patagonia este último verano. En vez de priorizar la prevención y el apoyo a los brigadistas —a quienes dejó en condiciones laborales precarias—, Larsen prefirió instalar un relato peligroso: culpó públicamente a comunidades indígenas, acusándolas de provocar incendios para evitar desalojos. Lo hizo sin pruebas y con un ensañamiento inédito, presionando al Poder Judicial para obtener órdenes de desalojo y exponiendo a familias enteras a la violencia institucional.
En su carta de renuncia, escrita en tono de “misión cumplida”, Larsen celebró haber “recuperado” terrenos ocupados en parques como Los Alerces o Villa Mascardi. Una vez más, recurrió al discurso de las “usurpaciones” para justificar el avance sobre territorios reclamados históricamente por pueblos originarios. Ninguna palabra sobre diálogo, derechos colectivos o consulta previa, libre e informada: sólo la defensa irrestricta de la propiedad privada, incluso por encima del derecho internacional y de la Constitución Nacional.
Pero su gestión no sólo fue regresiva en términos sociales y territoriales. También desmanteló políticas claves para la protección ambiental: eliminó la obligación de contratar guías habilitados en excursiones dentro de parques, puso en riesgo a visitantes y trabajadores, y desfinanció estructuras esenciales para el cuidado de nuestros ecosistemas.
El perfil de Larsen no fue un error, sino una decisión política coherente con una gestión que viene privilegiando la lógica del despojo por sobre la del cuidado. Hoy renuncia para ocupar otro cargo dentro del espacio oficialista, probablemente con la misma agenda: deslegitimar a las comunidades que luchan por su territorio y reducir lo ambiental a un obstáculo burocrático.
¿Y ahora qué? Aunque no hay señales de que el reemplazo represente un cambio de rumbo, su salida deja un sabor amargo pero también cierta esperanza. Es un alivio momentáneo que no debemos subestimar: los Parques Nacionales merecen una conducción que entienda la urgencia ecológica, respete la diversidad cultural y defienda lo público como un bien común.
La salida de Larsen no es el final del conflicto, pero sí marca un punto de inflexión. Las organizaciones sociales, ambientales e indígenas ya lo demostraron: hay otra forma de gestionar los territorios, más justa, más plural, más sustentable. Y están dispuestas a defenderla.
