La Política Ambiental
En Guaymallén, Mendoza, un derrame cloacal sin precedentes está contaminando canales de riego y cultivos de consumo directo. ¿Quién responde?
Un nuevo episodio de contaminación ambiental sacude al departamento de Guaymallén. El colapso de un colector cloacal en la zona de Los Corralitos, operado por Aguas Mendocinas (AYSAM), derivó en el vertido de residuos al canal Pescara, afectando gravemente la calidad del agua y poniendo en riesgo más de 500 hectáreas productivas.
La situación, reconocida tardíamente por el Departamento General de Irrigación (DGI), fue alertada inicialmente por vecinos de la zona y advertida públicamente por el abogado ambientalista Marcelo Romano. Recién días después, mediante la Resolución 0464, Irrigación admitió el problema y autorizó provisoriamente el vertido cloacal de AYSAM, una medida que lejos de resolver el conflicto, encendió aún más las alarmas.
Cultivos contaminados: el riesgo está en tu plato
El informe técnico firmado por Fernando Santos no deja lugar a dudas: más de 490 hectáreas fueron afectadas por el uso de agua contaminada para cultivos “no permitidos” y “de consumo directo”. Es decir, frutas y verduras que podrían terminar en las verdulerías de la zona —y en la mesa de cualquier vecino— están siendo regadas con líquidos cloacales.
Los canales Colonia y Auxiliar Tulumaya, que riegan gran parte de la producción agrícola del área, presentan “altos niveles bacteriológicos”, según detalla el mismo informe. Esto no solo compromete la salud de quienes consuman estos productos, sino que genera un impacto ambiental acumulativo en suelos y aguas.
Una solución provisoria... ¿que agrava el problema?
En un intento de mitigación, AYSAM construyó obras de bypass para desviar el flujo contaminado. Aunque Irrigación avaló técnicamente la medida, también reconoció que es apenas “transitoria”. A pesar de ello, el Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, prorrogó la autorización del vertido por 30 días más, exigiendo a la empresa metas semanales de reducción que deberían culminar con el cese total del derrame.
La resolución también prohíbe explícitamente cualquier tipo de descarga a la vía pública o zonas de escurrimiento sin autorización. Sin embargo, en redes sociales se multiplican las denuncias de vecinos que registran con sus celulares cómo las aguas cloacales siguen corriendo en la calle Severo del Castillo, generando focos infecciosos y olores nauseabundos.
¿Y el control estatal?
La pregunta que se impone es por qué se autorizó el vertido en primer lugar, en una zona agrícola intensiva, y qué controles se están ejerciendo sobre la calidad del agua y la seguridad alimentaria. ¿Se está midiendo la contaminación en los productos? ¿Hay un plan para indemnizar a productores afectados? ¿Quién garantiza que estos alimentos no llegarán a los mercados?
La crisis en Guaymallén es un caso emblemático de mala gestión hídrica y ambiental, que evidencia la fragilidad del sistema de control y la falta de políticas de prevención frente a desastres evitables. El derecho al agua limpia y a una alimentación segura está en juego, y con él, la salud de miles de personas.
Lo que sigue
Mientras las autoridades extienden autorizaciones “provisorias”, y los vecinos denuncian un “río cloacal” a cielo abierto, el conflicto se profundiza. Las zonas afectadas no han sido cercadas, los cultivos no fueron retirados, y las soluciones reales aún no llegan.
La situación de Guaymallén no puede normalizarse. Es hora de exigir respuestas, monitoreos públicos, sanciones efectivas y políticas ambientales que no se limiten a reaccionar después del daño.
