Residuos plásticos en Ushuaia: empresarios citados a indagatoria por posible delito ambiental

Más de 150.000 bolsones industriales fueron almacenados sin control cerca del río Olivia. La Justicia avanza en una causa clave para la protección ambiental en Tierra del Fuego.

Entre el 4 y el 8 de agosto, cinco empresarios deberán presentarse ante el Juzgado de Instrucción N°1 de Ushuaia, acusados de haber almacenado de forma irregular más de 150.000 bolsones plásticos industriales en terrenos fiscales, a metros del río Olivia. Se trata de un caso de presunta violación a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (25.051), que podría marcar un antes y un después en la gestión de pasivos ambientales en la provincia más austral del país.

¿Quiénes son los citados?
Los imputados son Mariano Ariel Klas, Ida Silvia Teplitzky y Gonzalo Francisco Muñoz Ferragut, directivos de Río Chico S.A., y Alejandro Alberto Cabral y Claudio Alberto Magrini, vinculados a Transiland S.R.L.. Según la causa, estas personas habrían sido responsables de gestionar y ejecutar el acopio de residuos plásticos sin autorización ni medidas de control ambiental, configurando un riesgo para el suelo y las fuentes de agua cercanas.

De una investigación periodística a una causa judicial
La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada luego de que un trabajo periodístico, publicado en 2023, revelara la existencia de un depósito a cielo abierto de residuos plásticos en inmediaciones del río Olivia. Las imágenes causaron fuerte repercusión local y derivaron en la intervención de la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego, que confirmó el riesgo de contaminación por lixiviados y partículas plásticas en cursos de agua.

Ante esta situación, la empresa Río Chico S.A. fue intimada a trasladar los residuos a Río Grande y a comenzar un proceso de saneamiento del terreno afectado. Sin embargo, la justicia busca ahora determinar si hubo dolo o negligencia, lo que podría derivar en sanciones penales por delitos ambientales.

¿Por qué es importante este caso?
El caso Río Chico podría convertirse en un precedente clave para la aplicación efectiva de la Ley 25.051 en contextos de contaminación industrial. Tierra del Fuego, por su valor ecológico estratégico y su frágil equilibrio ambiental, necesita contar con herramientas judiciales claras para sancionar a quienes dañen sus ecosistemas.

Además, el expediente saca a la luz un problema estructural en muchos puntos del país: la falta de control estatal sobre los residuos industriales y su destino final. La acumulación sin trazabilidad de plásticos de gran volumen, sin estudios de impacto ni permisos formales, representa una amenaza directa a la salud ambiental y pública.

Lo que viene
El avance del expediente dependerá en buena medida de los peritajes técnicos que buscan establecer el grado de contaminación, el impacto generado y si las empresas actuaron con conocimiento del daño ambiental. Si se comprueba responsabilidad penal, este juicio podría sentar un hito en la justicia ambiental fueguina.

Mientras tanto, las organizaciones ambientales y vecinxs de Ushuaia reclaman mayor fiscalización, transparencia y sanciones ejemplares, para evitar que se repitan este tipo de manejos que ponen en riesgo uno de los territorios naturales más valiosos del país.