La Política Ambiental
El Gobierno argentino solicitó formalmente que el país vuelva a ser catalogado como “riesgo bajo” de deforestación, luego de que la Comisión Europea lo reclasificara como “riesgo estándar”. La medida generó malestar en el sector agroindustrial y renovadas tensiones con Bruselas.
Argentina le reclamó esta semana a la Unión Europea (UE) que revise la reciente calificación que ubica al país como de “riesgo estándar” en materia de deforestación. La decisión fue tomada por la Comisión Europea el pasado 22 de mayo en el marco de la implementación del Reglamento 2023/1115, conocido como Reglamento de Deforestación, que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2025.
El nuevo estatus encendió las alarmas en el sector agroindustrial, particularmente en los rubros de la soja, la ganadería y la producción forestal, que temen restricciones y mayores exigencias para exportar al bloque europeo. En respuesta, la Secretaría de Agricultura y la Cancillería enviaron una nota formal a la Comisaría de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular de la UE, solicitando que Argentina sea nuevamente clasificada como país de “riesgo bajo”.
Según el Gobierno, la medida es “injustificada” y no tiene en cuenta los tres criterios principales establecidos en el Artículo 29 del Reglamento europeo, que —argumentan— Argentina cumple ampliamente. Además, advirtieron que esta normativa representa “una barrera injustificada al comercio internacional” y contradice compromisos asumidos por la UE en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
Desde el inicio del proceso regulatorio, tanto el Gobierno como el sector privado afectado vienen trabajando de forma conjunta con autoridades europeas y operadores comerciales del continente para garantizar el cumplimiento de los requisitos del nuevo reglamento. En ese contexto, se presentó un informe detallado a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que incluye datos actualizados sobre la situación ambiental de las principales cadenas productivas del país.
También se cuestionó que, al momento de emitir la evaluación de riesgo, no se hayan tenido en cuenta los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la UE, anunciado en diciembre de 2024, en donde se establecieron compromisos concretos sobre sostenibilidad y lucha contra la deforestación.
La controversia pone en evidencia una tensión de fondo entre los países productores de materias primas y los nuevos estándares ambientales promovidos por la UE. Mientras Europa avanza con políticas de consumo responsable, los países exportadores exigen que se consideren sus esfuerzos de sostenibilidad y se respeten los principios del comercio justo.
Para Argentina, el desenlace de esta discusión será clave: no sólo para evitar un freno a sus exportaciones agrícolas, sino también para posicionarse como un actor confiable en el nuevo mapa del comercio verde global.
