Controversia por la Ley de Glaciares: el Gobierno busca modificarla por decreto para habilitar actividad económica en zonas periglaciares

La iniciativa oficial apunta a reducir las áreas protegidas por la Ley 26.639 con el fin de destrabar inversiones en minería e hidrocarburos. Especialistas advierten sobre impactos ambientales irreversibles y denuncian un retroceso en la protección de los ecosistemas andinos.

El Poder Ejecutivo se encuentra trabajando en un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para modificar la Ley de Glaciares (N° 26.639) y habilitar actividades económicas en zonas actualmente protegidas. Según adelantó el medio TN, la propuesta apunta a restringir el alcance de la ley a ciertas áreas periglaciares, facilitando así la instalación de proyectos mineros, hidrocarburíferos e industriales.

Entre los cambios propuestos se encuentra una redefinición de los criterios para proteger áreas cercanas a los glaciares. Solo quedarían bajo protección aquellas formaciones de roca o escombros activas que:

tengan una superficie mínima de una hectárea,
persistan durante al menos dos años,
cumplan una función hídrica comprobable, y
estén debidamente incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.
Además, se reducirían las restricciones sobre:

la instalación de industrias,
la exploración minera y petrolera,
la liberación de productos químicos o residuos,
y la construcción de infraestructura no científica.
La legislación actual prohíbe cualquier actividad que pueda afectar los glaciares y su entorno, y establece sanciones severas, que incluyen multas de hasta 100.000 salarios básicos y el cese definitivo de operaciones en zonas vulnerables. Esta protección fue fruto de años de lucha de organizaciones ambientales, comunidades locales y científicos, y fue promulgada en 2010 tras una fuerte presión social.

 
❄ Glaciares en riesgo, agua en juego
Desde el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), responsables del Inventario Nacional de Glaciares, alertan que estos ecosistemas no son solo hielo: cumplen un rol clave como reservas estratégicas de agua dulce, especialmente en regiones cordilleranas áridas donde alimentan ríos, cultivos y comunidades enteras.

“Limitar la protección a glaciares de más de una hectárea o de duración superior a dos años es científicamente arbitrario y jurídicamente regresivo. La función hídrica no se mide solo en metros cuadrados”, advierten desde el ámbito académico.
La medida oficial es defendida desde el Gobierno bajo el argumento de brindar “seguridad jurídica” a las inversiones, particularmente en minería metalífera a gran escala. No obstante, la propuesta ya generó fuerte rechazo de organizaciones ambientales y especialistas, que califican la maniobra como un retroceso normativo en un contexto de emergencia climática global.

 
🌎 Una ley que protege más que hielo
La Ley 26.639 fue pionera en América Latina al reconocer el valor estratégico de los glaciares y ambientes periglaciares como bienes comunes, estableciendo un principio precautorio para evitar su degradación. Además, su artículo 6 prohíbe expresamente actividades que puedan afectarlos, y su implementación ha sido clave en frenar proyectos extractivos de alto impacto.

La intención de modificarla por decreto no solo genera inquietud ambiental, sino también dudas legales. Muchos expertos consideran que no puede alterarse el objeto de una ley de presupuestos mínimos ambientales sin pasar por el Congreso, lo que podría abrir la puerta a litigios por inconstitucionalidad.

 
📣 ¿Qué está en juego?

La integridad de ecosistemas clave frente al cambio climático.
La seguridad hídrica de millones de personas en regiones áridas.
La validez de una de las leyes ambientales más avanzadas del país.
El derecho de las comunidades a participar y ser consultadas sobre el uso del territorio.
 
🔍 En medio de una crisis climática global, ¿puede Argentina permitirse flexibilizar la protección de sus reservas de agua dulce más críticas? La discusión recién empieza.