El Gobierno nacional echa a un empleado por marchar en defensa del ambiente

En un hecho que genera preocupación y sienta un precedente delicado, la Administración de Parques Nacionales cesanteó a Federico Soria, un empleado público y activista ambiental que fue detenido en enero por participar de una protesta contra la minería contaminante en Uspallata. La medida fue dispuesta pese a que Soria se encontraba con licencia médica por una afección psiquiátrica.

Soria trabajaba en el Parque Nacional El Leoncito, en San Juan. Según la resolución oficial, la sanción se debe al supuesto “uso indebido” de la licencia médica. Se lo acusa de realizar tareas físicas y participar en manifestaciones, lo que, a juicio del organismo, contradice el diagnóstico que justificó su licencia.

Pero más allá de los argumentos administrativos, la decisión de echar a Soria tiene una clara lectura política: el activista fue uno de los rostros más visibles de la protesta contra el avance del proyecto minero PSJ Cobre en la zona cordillerana de Mendoza. Su detención, ocurrida en el marco de esa movilización, fue ampliamente repudiada por organizaciones socioambientales de todo el país.

El Gobierno nacional, en lugar de garantizar la pluralidad de voces dentro del Estado, optó por castigar a quien se animó a cuestionar el modelo extractivista. En los fundamentos de la cesantía, la propia Administración de Parques Nacionales reconoce que uno de los elementos centrales fue la “exposición pública indeseada” que generó el caso y su impacto en la imagen institucional. Es decir, no se lo cesantea por faltar a su trabajo, sino por lo que representa políticamente.

Según la resolución, durante su licencia, Soria habría participado en actividades “incompatibles” con su estado de salud, como guiados de montaña o tareas de albañilería. También se lo acusa de no haber informado un cambio de domicilio. Ninguna de estas faltas, por sí solas, justificarían una sanción tan extrema como la cesantía, que en la práctica lo excluye definitivamente de la función pública.

La medida genera un precedente peligroso: un Estado que persigue a sus empleados por militar en causas ambientales, especialmente cuando esas causas se enfrentan a intereses extractivos que cuentan con respaldo político y económico. No se puede ignorar el contexto: Soria fue detenido por protestar contra una minera, estuvo preso durante dos días y, ahora, se queda sin trabajo en un organismo que, paradójicamente, tiene como misión la conservación del ambiente.

Si el mensaje que se quiere dar es que un trabajador público no puede involucrarse en luchas ambientales sin riesgo de represalias, entonces estamos ante un retroceso grave en materia de derechos, democracia y participación ciudadana. La cesantía de Soria no es solo una cuestión administrativa: es una señal política que debería alarmar a todos los sectores que defienden el ambiente y los derechos sociales.