Bolivia exporta litio en medio de polémicas por contratos con China y Rusia

Mientras el mercado global del litio crece, Bolivia enfrenta críticas internas por acuerdos opacos, falta de consulta indígena y riesgos económicos.

En medio de un clima de creciente rechazo a los contratos firmados con empresas chinas y rusas, Bolivia exportó carbonato de litio por 12,5 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2025. La cifra, revelada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), contrasta con los números de sus vecinos: Chile exportó 623 millones de dólares entre enero y abril, y Argentina, 275 millones en el mismo período, según datos oficiales. Los principales destinos del litio boliviano fueron China (11,5 millones de dólares) y Turquía (1,1 millones), lo que refuerza el eje comercial con Asia.

Pero más allá de los números, el país atraviesa un intenso debate político y social. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Economía Plural se vio obligada a suspender la discusión del contrato con Uranium One Group, una firma estatal rusa, tras una sesión interrumpida por gritos, forcejeos y acusaciones de intento de aprobación exprés. “No me voy a mover del lugar”, advirtió la diputada opositora Lissa Claros, denunciando falta de transparencia.

La preocupación no es menor. La Fundación Solón, una de las principales voces críticas del modelo extractivo en Bolivia, alertó que el contrato con Uranium podría comprometer seriamente las finanzas y la soberanía del país. Entre los puntos más polémicos, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) estaría obligado a devolver 1.000 millones de dólares de inversión a un tipo de cambio fijado por el Banco Central de Rusia. Además, no se establece un punto de equilibrio económico, lo que abre la puerta a pérdidas estructurales en un contexto de precios internacionales en baja.

Mientras los contratos chinos habían fijado un umbral de rentabilidad en 13.840 dólares por tonelada, el precio actual ronda los 7.600, lo que podría tornar inviable el negocio sin subsidios o pérdidas asumidas por el Estado boliviano. En paralelo, Uranium One se quedaría con el 49% del emprendimiento, sin precisiones sobre regalías, impuestos o beneficios concretos para el país.

Pero la crítica más grave apunta a los derechos indígenas y ambientales. El acuerdo, según denuncian comunidades y organizaciones, no contempla procesos de consulta previa, libre e informada a las poblaciones de la TCO Nor Lípez, ubicadas sobre el salar afectado. Tampoco especifica impactos ambientales clave, como la reinyección de salmuera o la gestión hídrica, ni obliga a la empresa extranjera a contratar una evaluación ambiental independiente.

Así, Bolivia se encuentra atrapada entre la urgencia de desarrollar su “oro blanco” y los riesgos de reproducir modelos extractivos que concentran beneficios y externalizan impactos. Mientras tanto, el Congreso aún no tiene fecha para retomar el tratamiento del contrato ruso. Lo que está claro es que el litio, más que una promesa de desarrollo, se ha convertido en un campo de disputa política, económica y ambiental que define el futuro del país.