Bolivia sigue los pasos de Milei en materia ambiental: el presidente Paz elimina el Ministerio de Medio Ambiente

Un reordenamiento que reaviva el debate ambiental en Bolivia

El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz inició su gestión con una medida que abrió un intenso debate nacional: la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, una institución clave durante más de una década. Sus funciones fueron absorbidas por el nuevo Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, encabezado por el empresario agroindustrial Fernando Romero. La decisión reconfiguró de manera abrupta la estructura estatal encargada de la protección de ecosistemas, recursos hídricos y políticas climáticas, generando inquietud entre organizaciones ambientales y expertos independientes.

Concentración de poder en manos del sector productivo

La reorganización del gabinete no sólo implicó una fusión ministerial: también puso al agronegocio —uno de los sectores con mayor impacto sobre los bosques y la biodiversidad— al mando de la agenda ambiental. Romero, con una trayectoria vinculada a asociaciones de productores de oleaginosas y granos, quedó responsable del nuevo ministerio ambiental. Al mismo tiempo, la gestión del agua pasó al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, conducido por otro empresario del sector, lo que profundiza las dudas sobre la independencia técnica de las decisiones ambientales.

Contexto de crisis: incendios, deforestación y pérdida forestal masiva

La preocupación por este cambio institucional adquiere gravedad si se tiene en cuenta la magnitud del daño ambiental reciente. En 2024, los incendios forestales arrasaron más de 10 millones de hectáreas en Bolivia, afectando en especial a las regiones de la Chiquitanía, la Amazonía y el Chaco. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

El departamento de Santa Cruz, considerado el corazón del agronegocio, concentró la mayoría del daño: allí se calcula que se quemaron 2,6 millones de hectáreas solo en ese año. :contentReference[oaicite:7]{index=7} Las llamas devoraron bosques, pastizales, suelos, fauna, y afectaron comunidades enteras, provocando evacuaciones, destrucción de viviendas y pérdida de medios de vida tradicionales. :contentReference[oaicite:8]{index=8}

Además, la deforestación acelerada no distingue biomas: entre 1985 y 2022, Bolivia pasó de aproximadamente 63 millones a 55 millones de hectáreas de bosque, con una parte significativa de esas pérdidas concentradas en la Chiquitanía y el Chaco. :contentReference[oaicite:9]{index=9} Esa expansión agrícola, sumada a los incendios recurrentes —muchas veces vinculados a la práctica de “chaqueos” para limpiar tierras— coloca a los ecosistemas más frágiles en una encrucijada. :contentReference[oaicite:10]{index=10}

Preocupación por la pérdida de autonomía en políticas climáticas

Diversos colectivos y entidades profesionales alertan que debilitar la estructura ambiental estatal podría tener consecuencias profundas: desde la pérdida de credibilidad internacional hasta la imposibilidad de acceder a fondos verdes internacionales destinados a la mitigación y adaptación al cambio climático. Bolivia había logrado posicionarse para recibir este tipo de financiamiento, pero sin un ministerio dedicado exclusivamente al ambiente, ese acceso podría verse comprometido.

Riesgo de captura regulatoria y conflicto de intereses

Investigadores y analistas advierten que colocar al agronegocio al frente de la política ambiental podría condicionar la regulación sobre uso de suelos, desmontes, control de incendios y protección forestal. Existe temor de que las decisiones privilegien la expansión agropecuaria por sobre la conservación, lo que profundizaría la deforestación y la degradación ambiental. Además, la promesa oficial de priorizar la productividad junto a la sostenibilidad genera escepticismo: no hay hasta ahora señales claras de criterios técnicos estrictos o mecanismos efectivos de vigilancia.

Un modelo similar al de Argentina bajo la gestión de Javier Milei

La reorganización boliviana recuerda lo ocurrido en Argentina bajo el gobierno de Milei, cuando la reestructuración ministerial generó cuestionamientos sobre la efectividad y autonomía de las políticas ambientales. En ambos contextos, la concentración de funciones en carteras con fuerte orientación económica, junto a la subordinación del ambiente al desarrollo productivo, despierta preocupación sobre la capacidad del Estado para garantizar la conservación de ecosistemas, la biodiversidad y los derechos de comunidades vulnerables. La tensión entre crecimiento económico y protección ambiental vuelve a quedar en evidencia como un dilema fundamental en la región.

Voces indígenas, sociales y académicas demandan revertir la decisión

Comunidades originarias, organizaciones campesinas, movimientos sociales y ambientalistas denunciaron que la fusión ministerial representa una pérdida en institucionalidad ecológica. Advierten que poner el destino de los bosques y los recursos naturales en manos de quienes han impulsado su explotación es un grave error, que podría profundizar la crisis climática, agravar la pérdida de biodiversidad y ampliar los conflictos territoriales.

Para muchas de estas organizaciones, la creación de un ministerio fuerte, autónomo, con profesionales técnicos especializados y con participación ciudadana, es una condición indispensable para enfrentar los desafíos ambientales de Bolivia: deforestación, incendios recurrentes, protección de áreas protegidas y derechos de pueblos originarios.

Un territorio devastado y un futuro en juego

Los datos recientes —millones de hectáreas perdidas, incendios de magnitud histórica, comunidades desplazadas, pérdida de biodiversidad, sequías y degradación de suelos— muestran que Bolivia transita un momento crítico. La disolución del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, lejos de fortalecer las políticas públicas, amenaza con debilitar aún más la institucionalidad ambiental. En un país cuya riqueza natural es uno de sus bienes más importantes, las decisiones de hoy podrían definir su futuro por décadas.

Mientras tanto, organizaciones sociales y ambientalistas ya preparan movilizaciones, recursos legales y propuestas alternativas. Exigen que se reestablezca una cartera ambiental con autonomía real, recursos adecuados y compromiso genuino con la conservación. Para muchos, esa será la única forma de evitar que lo que queda de bosque, agua y diversidad sea irremediablemente destruido.