Revés judicial para Aguas Santafesinas: Casación reabre la investigación por la contaminación cloacal del Paraná

La Justicia federal dio un giro clave en una de las causas ambientales más resonantes de los últimos años en Santa Fe. La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había beneficiado a cinco exdirectivos de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) y ordenó retomar la investigación por la descarga de efluentes cloacales sin tratar en el río Paraná entre 2018 y 2021. Según los peritajes oficiales, fueron 350 millones de litros diarios de vertidos contaminantes desde la Planta de Recepción Emisario Sur, ubicada en la zona sur de Rosario. La decisión implica un mensaje contundente: el régimen penal de residuos peligrosos sí alcanza a empresas de servicios públicos cuando su actividad genera riesgos para la salud y el ambiente.

La Sala IV de Casación, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, sostuvo que la Cámara Federal de Rosario había interpretado erróneamente la Ley 24.051 al considerar que los efluentes cloacales no podían ser catalogados como residuos peligrosos y que ASSA, por no ser una industria, quedaba fuera del alcance de esa normativa. Casación fue categórica: prestar un servicio público no exime a ninguna actividad del cumplimiento de las normas de protección ambiental. El tribunal recordó que la propia misión de ASSA incluye el tratamiento adecuado de los líquidos para proteger los recursos hídricos, por lo que su responsabilidad es aún mayor.

La causa se abrió en 2021 por la denuncia de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que también se presentó como querellante. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, entre septiembre de 2018 y octubre de 2021 la planta Emisario Sur volcó al Paraná efluentes sin ningún tipo de tratamiento, pese a que el proceso está regulado por ley y forma parte del objeto social de la empresa. Los fiscales detectaron que a la planta llegaban descargas de camiones atmosféricos que luego eran enviadas directamente al río. Los estudios encontraron niveles elevados de coliformes termotolerantes, presencia de escherichia coli y metales pesados como plomo y níquel. Los resultados mostraron un impacto particularmente fuerte en la zona donde desemboca el emisario y en áreas aguas abajo.

Para el Ministerio Público Fiscal, estas sustancias encuadran claramente en la figura penal prevista en el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos, que sanciona con penas de 3 a 10 años de prisión a quienes contaminen el agua o el ambiente de un modo peligroso para la salud. En mayo de 2024, el juez federal Carlos Vera Barros había procesado a los exdirectivos de ASSA Hugo Morzán, Marisa Gallina, Alfredo Menna, Darío Corsalini y al exgerente Gustavo Actis, en lo que fue la primera resolución de este tipo en el fuero federal de Rosario. Pero la Cámara Federal de Rosario revocó esas imputaciones, argumentando que la empresa era de servicios públicos y que no se había probado un perjuicio concreto a la salud o al ambiente.

Esa decisión frenó la investigación hasta que fiscales y querellantes recurrieron a Casación. El máximo tribunal penal consideró arbitraria la resolución rosarina por su interpretación parcial de la ley y su falta de valoración completa de la prueba, y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. El fallo marca un precedente importante para la aplicación del derecho ambiental en Argentina: la contaminación cloacal masiva puede ser evaluada bajo el régimen penal de residuos peligrosos, incluso cuando la empresa involucrada sea estatal y brinde servicios esenciales como agua potable y saneamiento.

La causa vuelve ahora a la Cámara Federal de Rosario, que deberá emitir un nuevo fallo ajustado a los criterios fijados por Casación. De su decisión dependerá si los exdirectivos de ASSA vuelven a quedar procesados y si la investigación por la contaminación cloacal del Paraná avanza hacia una posible elevación a juicio. En un país donde los ríos son clave para el desarrollo energético, la biodiversidad y la vida cotidiana de millones de personas, el caso ya se perfila como un hito en la discusión sobre responsabilidad ambiental y políticas de saneamiento alineadas con el derecho constitucional a un ambiente sano.