Corrupción y minería: condenan a tres ex autoridades de la Universidad de Tucumán por desvío de fondos millonarios

En un fallo histórico, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó este martes a tres ex directivos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) por graves delitos de corrupción ligados al uso irregular de fondos públicos provenientes de la minería.

La causa investigó el destino de millonarios recursos entregados a la UNT por su participación en la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2011. Según el fallo, esos fondos fueron desviados, mal invertidos o directamente perdidos por decisiones arbitrarias, lo que generó un perjuicio económico multimillonario al Estado nacional.

¿Qué se juzgó?
Durante más de un año de audiencias, se analizó la gestión de los fondos que YMAD entregó por ley a la UNT, supuestamente destinados a construir la Ciudad Universitaria en las sierras de San Javier, a 25 km de San Miguel de Tucumán.

Pero en lugar de cumplir ese objetivo, el dinero fue canalizado a un sistema "paralelo e ilegal", según los fiscales, con:

• Contrataciones con sobreprecios y sin controles.
• Inversiones en bancos y financieras no autorizadas, sin aval de la Tesorería General de la Nación.
• Renuncia unilateral a las utilidades que le correspondían a la UNT por su participación en YMAD, lo que implicó una pérdida estimada en más de 64 mil millones de pesos actuales.

Las condenas

• Juan Cerisola, ex rector de la UNT, recibió 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
• Olga Cudmani, exdirectora general de Construcciones Universitarias, fue condenada a 3 años y 2 meses.
• Osvaldo Venturino, exdirector de Inversiones, recibió 2 años de prisión en suspenso.

Además, el tribunal los obligó a reintegrar más de 39 millones de pesos, actualizados por inflación, por daños a la administración pública.

La polémica de fondo: ¿Por qué la plata de una minera en Catamarca la gestiona Tucumán?
Aunque el juicio se centró en la corrupción, el caso volvió a abrir un viejo debate: ¿por qué la Universidad Nacional de Tucumán administra parte de los fondos generados por una mina ubicada en la provincia de Catamarca?

La respuesta está en la ley que creó YMAD en 1958, una empresa interestadual que explota yacimientos mineros en Catamarca. Según esa norma, los beneficios se reparten en tres partes:

• 60% para Catamarca (por ser la provincia donde está el yacimiento),
• 20% para la Universidad Nacional de Tucumán,
• 20% para el Estado Nacional.

Esa participación fue establecida porque la UNT fue la institución que, durante décadas, lideró las tareas de exploración y desarrollo minero en la zona. Sin embargo, para muchos en Catamarca, ese reparto ya no tiene sentido en el contexto actual, donde la UNT no participa activamente en la explotación ni en las decisiones sobre el uso del recurso.

Esta tensión ha crecido en los últimos años, especialmente cuando la provincia denuncia falta de inversión en infraestructura local mientras ve cómo parte de las ganancias se van a otra jurisdicción.

No es el único escándalo minero: Livent también bajo la lupa
El caso YMAD no es aislado. En Catamarca, otra minera, Livent, que explota litio en el Salar del Hombre Muerto, fue multada por la AFIP por subfacturación de exportaciones: vendía el litio a precios menores al mercado para reducir el pago de impuestos.

Entre 2018 y 2019, la empresa realizó 403 operaciones sospechosas. La multa ascendió a más de 8 millones de dólares y hay sumarios abiertos por 435 millones de dólares adicionales. También enfrenta una denuncia penal por supuesta estafa al Estado provincial.

A esto se suman conflictos con comunidades originarias por el uso intensivo de agua en zonas desérticas, lo que incluso llevó a que la Corte de Catamarca ordenara suspender la actividad minera en la zona hasta realizar nuevos estudios ambientales.

¿Qué hay detrás de estos escándalos?
Tanto el caso de la UNT como el de Livent muestran un patrón de falta de control estatal, decisiones discrecionales y escasa transparencia en sectores clave como el manejo de recursos naturales.

Mientras la Argentina intenta posicionarse como líder en minería de litio y transición energética, la ausencia de mecanismos eficaces de fiscalización y la persistencia de estructuras institucionales desactualizadas (como la participación de la UNT en YMAD) generan tensiones crecientes entre provincias, universidades y empresas.

 
Lo que viene
Los fundamentos del fallo contra los ex funcionarios universitarios se conocerán en los próximos 40 días. Las defensas ya anticiparon que apelarán. Mientras tanto, desde Catamarca crecen las voces que reclaman una revisión del acuerdo de distribución de utilidades mineras y mayor protagonismo local en las decisiones.