La Política Ambiental
El proyecto busca eliminar las aplicaciones con avionetas y ampliar a 1.000 metros las zonas de resguardo para fumigaciones terrestres. Ya perdió estado parlamentario seis veces.
La Multisectorial Paren de Fumigarnos presentó este jueves un petitorio en la Legislatura de Santa Fe para exigir el tratamiento urgente del proyecto que propone modificar la ley de agrotóxicos vigente desde 1995. La iniciativa, que busca prohibir las fumigaciones aéreas y ampliar a 1.000 metros las distancias de resguardo para las terrestres, lleva más de una década sin ser debatida en el recinto y ya perdió estado parlamentario en seis oportunidades.
La actividad se realizó en las escalinatas de la Legislatura provincial, donde representantes del colectivo entregaron el documento dirigido a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, con copia al gobernador Maximiliano Pullaro. El proyecto —que se encuentra estancado en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales— podría volver a caerse a fin de año si no se trata antes del cierre del período legislativo.
“Planteamos mil metros de resguardo para las fumigaciones terrestres, que es la distancia que viene fallando la Justicia santafesina en distintos casos durante los últimos años”, explicó Mauricio Cornaglia, referente de Paren de Fumigarnos.
La actual Ley 11.273 de Productos Fitosanitarios, sancionada hace 30 años, permite las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial, a pesar de las crecientes evidencias sobre sus impactos en la salud y el ambiente. El nuevo proyecto propone dos modificaciones centrales: prohibir completamente las aplicaciones aéreas y establecer un límite de mil metros entre las áreas de fumigación terrestre y los cascos urbanos.
“En Santa Fe se fumiga mucho con avionetas, y está demostrado que se realizan sin control: el veneno vuela miles de kilómetros”, señaló Cornaglia. “Queremos alejar los agrotóxicos de las zonas urbanas y de las escuelas rurales. Lo que planteamos no es una utopía: es el mismo criterio que está aplicando la Justicia”.
El petitorio ingresado a la Legislatura cita varios precedentes judiciales en la provincia que fijaron límites más estrictos a las fumigaciones. El más reciente es el de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que reconoció el daño genético causado por los agroquímicos y ordenó una distancia mínima de mil metros en la localidad de Piamonte. Otros fallos similares se registraron en San Jorge, Sastre, Zenón Pereyra y Firmat, entre otras localidades, consolidando una línea jurisprudencial que reconoce la afectación del derecho a la salud y al ambiente sano.
En el documento, Paren de Fumigarnos describe una situación “dramática” en la provincia, donde se aplican más de 100 millones de litros de agrotóxicos al año, en el marco de un modelo agroexportador que —según denuncian— “expulsó a miles de familias rurales, contaminó los suelos y el agua, y multiplicó las enfermedades vinculadas a la exposición química”.
“Gran parte de la clase política responde a los intereses del agronegocio. No creemos que sea por ignorancia: sobran evidencias científicas, lo que falta es voluntad y sobra complicidad”, advirtió Cornaglia.
La organización también pidió avanzar en medidas complementarias, como la erradicación de silos dentro de zonas urbanas, el fomento de la producción agroecológica y el acceso a alimentos sanos.
Durante la concentración en la Legislatura participó el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), uno de los autores del proyecto, quien apuntó directamente contra el lobby agroindustrial. “Presentamos este proyecto en varias oportunidades, pero fue cajoneado seis veces. Esto demuestra que muchos legisladores representan más los intereses de las multinacionales que los de la salud de las comunidades”, dijo el legislador.
Del Frade también subrayó que la mayoría de los municipios y comunas de la provincia enfrentan problemas de contaminación ambiental con efectos directos sobre la salud humana: “Han aumentado los casos de cáncer en distintos puntos de Santa Fe, muchos vinculados al uso intensivo de agroquímicos. Falta un mayor compromiso del sector médico para denunciar cómo esta libertad para vender veneno está enfermando a la gente”.
El texto entregado en la Legislatura resume una crítica profunda al modelo agroindustrial vigente en la Argentina. “Con este modelo —advierte el petitorio— desaparecieron miles de pequeños productores, se concentró la riqueza, se deforestaron los bosques, se contaminaron los suelos, el aire y las aguas. Las muertes y enfermedades se multiplican en todo el territorio santafesino”.
Mientras tanto, el proyecto que busca limitar las fumigaciones permanece sin debate legislativo desde hace casi dos décadas. De no tratarse antes de diciembre, volverá a perder estado parlamentario por séptima vez.
El reclamo se realizó en el sitio sagrado Tumba del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. Denuncian la afectación del humedal por la megaminería y exigen respeto por los derechos indígenas y la vida en la Puna.
