La Política Ambiental
La Secretaría de Ambiente de Salta, a cargo de José Alejandro Aldazábal, oficializó este miércoles la reglamentación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) mediante la Resolución 00509. La norma permite que, en 5,5 millones de hectáreas de zonas amarillas —de mediano valor de conservación— se autoricen proyectos de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), un sistema silvopastoril que combina pastoreo con cobertura forestal.
La medida también abre la puerta a la presentación de proyectos productivos sobre otras 721 mil hectáreas en zonas verdes, de bajo valor de conservación.
El anuncio fue celebrado por la Sociedad Rural Salteña, cuyo presidente Alfredo Figueroa aseguró que “esta herramienta puede lograr el desarrollo sustentable al interior de la provincia” y generar empleo en el sector. La postura coincide con el mensaje del gobernador Gustavo Sáenz, quien en la última Expo Rural pidió “llenar la provincia de vacas”.
Riesgos y antecedentes
Aunque el MBGI se presenta como alternativa al desmonte tradicional —ya que implica desarbustar el terreno sin voltear árboles— organizaciones ambientalistas advierten que en la práctica suele significar pérdida de bosque.
“En la teoría es una cosa, en la práctica se dejan algunos árboles en pie y el resto son pasturas. Eso no es un bosque, es una plaza”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. Recordó además que el sistema ya aplicado en Chaco y Santiago del Estero fue considerado deforestación por el propio monitoreo satelital.
El especialista subrayó que la autorización “viola la Ley Nacional de Bosques Nativos (26.331), porque en zona amarilla no se puede desmontar”, y que el MBGI, incluso en su versión oficial, admite desmontar hasta un 10% del campo para generar pasturas.
El temor de los ambientalistas es que ocurra lo mismo que con las “cortinas forestales” —reservas de vegetación que debían quedar en pie tras los desmontes—, que con el tiempo desaparecieron.
Audiencias en Anta, la misma semana
En paralelo, el Boletín Oficial publicó la convocatoria a dos audiencias públicas por pedidos de cambio de uso de suelo en el departamento Anta, que involucran grandes superficies:
Finca San Javier: 1.798 hectáreas para agroganadería (con 1.206 de “reserva”), solicitadas por un grupo de empresarios que incluye a Julio Argentino San Millán, actual representante de Relaciones Internacionales del gobierno salteño.
Finca Los Hermanos: 336 hectáreas para agricultura, pedidas por los hermanos Ramiro y Esteban Maíquez.
Ambas audiencias se realizarán el 26 de septiembre en el Centro Integral de Tolloche, con diferencia de hora (10 y 11:30).
Los expedientes son anteriores a la promulgación del nuevo OTBN, pero la Secretaría de Ambiente adelantó que analizará su “compatibilidad” con las zonas habilitadas en la nueva reglamentación.
Una política bajo la lupa
La resolución de Aldazábal habilita de hecho un cambio profundo en la gestión del bosque nativo salteño. Mientras el Gobierno provincial plantea que es una oportunidad de desarrollo productivo y generación de empleo, especialistas advierten que puede convertirse en la legalización encubierta de nuevos desmontes en zonas que deberían estar bajo protección intermedia.
La tensión entre producción y conservación vuelve a ponerse en el centro del debate en una provincia que figura entre las de mayor deforestación del país y donde la aplicación de la Ley de Bosques ha sido cuestionada por su débil control y fiscalización.
