Un nuevo informe de la organización Global Witness reveló que en 2024 al menos 146 defensores de la tierra y el ambiente fueron asesinados o desaparecieron en el mundo, y 120 de esos casos ocurrieron en América Latina. La región sigue siendo la más letal para quienes protegen bosques, ríos y territorios: desde 2012 se registran allí 1.619 de las 2.253 muertes y desapariciones globales.
Colombia encabeza la lista con 48 víctimas —casi un tercio del total mundial—, seguida por Guatemala con 20, México con 19 y Brasil con 12. También se reportaron asesinatos en Honduras (6), Nicaragua (4), Perú (3), Ecuador (3) y en Argentina, Chile, República Dominicana y Venezuela (1 caso en cada país). Más de dos tercios de los ataques en la región están ligados a disputas por el acceso a la tierra, mientras que a nivel global 29 casos se relacionaron con minería, ocho con explotación forestal y cuatro con agroindustria.
El informe advierte que, aunque los asesinatos bajaron en comparación con 2023 (196 casos), crecen otras formas de represión: secuestros, amenazas, violencia sexual y criminalización judicial. En varios países incluso democráticos, como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, se han aprobado leyes más duras contra la protesta ambiental.
Global Witness subraya que la impunidad alimenta el ciclo de violencia: gobiernos y fuerzas de seguridad figuran como responsables en al menos 17 asesinatos, y en muchos territorios los ataques están vinculados al crimen organizado y a redes de corrupción institucional.
Como contrapeso, el Acuerdo de Escazú —vigente en 18 países de América Latina y el Caribe— representa una herramienta clave para garantizar justicia ambiental y protección a los defensores. Sin embargo, su implementación aún enfrenta resistencias y desafíos.
