Rosario: Comienza el juicio histórico que pone bajo la lupa las fumigaciones cerca de escuelas y casas en Pergamino

En los Tribunales Federales de Rosario se desarrolla uno de los procesos judiciales ambientales más relevantes de la historia reciente argentina. Siete productores agropecuarios y dos exfuncionarios municipales de la ciudad bonaerense de Pergamino están acusados de haber permitido o realizado fumigaciones con agrotóxicos en inmediaciones de barrios habitados y escuelas rurales, con posibles consecuencias graves para la salud humana y el ambiente.

El caso excede largamente los límites de una causa local. Por primera vez en la provincia de Buenos Aires se juzga penalmente a productores rurales junto a funcionarios públicos por delitos ambientales ligados al modelo agrícola. Lo que decida el tribunal podría tener impacto en otras regiones del país donde se repiten conflictos similares entre producción intensiva y poblaciones cercanas.

Un conflicto que se gestó durante años

Las primeras denuncias vecinales comenzaron a principios de la década pasada, cuando habitantes de barrios periféricos de Pergamino empezaron a advertir aplicaciones de pesticidas a escasos metros de sus viviendas. La preocupación creció al aparecer problemas de salud recurrentes, olores intensos durante las pulverizaciones y la sospecha de que los productos químicos se filtraban en el agua que consumían.

En un contexto de respuestas estatales limitadas, los vecinos comenzaron a organizarse, a documentar las fumigaciones con fotografías y videos y a exigir controles. Con el tiempo, esas demandas derivaron en análisis de laboratorio que detectaron restos de distintas sustancias en pozos de agua y suelos urbanos.

Historias personales que impulsaron la causa

Entre los casos que conmocionaron a la comunidad se encuentra el de Florencia Morales, quien se había mudado en 2011 a una quinta de Pergamino buscando un entorno más tranquilo para criar a sus hijas. En 2016 le diagnosticaron un cáncer que ya había hecho metástasis en la columna. Antes de morir en mayo de 2023, sostuvo públicamente que seguiría impulsando la causa judicial para frenar lo que describía como un envenenamiento persistente del ambiente.

Otra historia central es la de Paola Díaz, integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Paola declarará en el juicio y relatará la muerte de su hija Mónica en 2014, cuando tenía once años y padeció leucemia aguda. Para ella y otras madres del barrio, llegar a esta instancia judicial es una forma de buscar verdad y evitar que nuevas familias atraviesen situaciones similares.

La investigación judicial y la elevación a juicio

La causa se formalizó en 2018 luego de denuncias presentadas ante la Justicia Federal, entre ellas la de Sabrina Ortiz, vecina de una de las zonas más expuestas. A partir de ese momento se ordenaron peritajes ambientales, estudios epidemiológicos, análisis en agua subterránea y relevamientos técnicos en campos agrícolas.

Tras años de recolección de pruebas, la fiscalía federal y el juzgado interviniente resolvieron elevar el expediente a juicio oral. En el banquillo quedaron siete productores acusados de aplicar pesticidas en infracción a la normativa vigente y dos exfuncionarios municipales señalados por presuntas omisiones en sus tareas de control.

Productores, ingenieros y exfuncionarios bajo investigación

Según la acusación, los productores realizaron pulverizaciones en predios contiguos a zonas urbanas y escuelas rurales sin respetar las distancias mínimas de seguridad. También se investiga la participación de ingenieros agrónomos en la planificación de las aplicaciones.

En cuanto a los exfuncionarios municipales, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, la fiscalía sostiene que, pese a estar a cargo del área de Ambiente Rural del municipio, no actuaron frente a reiteradas denuncias, lo que habría permitido que las prácticas continuaran durante años.

Un proceso con decenas de testigos

El cronograma judicial prevé múltiples audiencias y la declaración de alrededor de cien testigos, entre ellos vecinos afectados, médicos, químicos, biólogos, bioquímicos, ingenieros agrónomos y especialistas en toxicología.

La querella está representada por abogados con antecedentes en causas ambientales emblemáticas del país, lo que refuerza la expectativa sobre el alcance jurídico que podría tener el fallo.

El debate sobre el modelo productivo

Para los representantes legales de las víctimas, el juicio va más allá de hechos puntuales. Sostienen que por primera vez se discute penalmente el modelo productivo dominante en amplias zonas rurales y sus impactos sanitarios y ambientales.

Tres décadas después de la expansión de la siembra directa, los cultivos transgénicos y el uso intensivo de agrotóxicos, la Justicia se ve obligada a analizar los costos reales de ese esquema no solo en términos económicos, sino también en la vida cotidiana de las comunidades.

Pergamino como símbolo nacional

Más allá de lo que resuelva el tribunal, el caso ya se convirtió en un emblema para pueblos fumigados de distintas provincias. Para los vecinos, llegar a esta instancia fue el resultado de años de organización comunitaria, denuncias sostenidas y presión social.

El proceso abre una discusión incómoda para el poder político y económico: hasta dónde llegan las responsabilidades estatales en la protección del derecho a un ambiente sano y qué límites deben imponerse a las prácticas productivas en territorios habitados.