Chaco: la Justicia avaló el ordenamiento de bosques impulsado por el gobernador y crece la preocupación por los desmontes

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco ratificó la constitucionalidad de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos impulsada por el gobernador Leandro Zdero. Aunque el fallo sostiene que la norma se ajusta a la legislación nacional, sectores ambientales advierten que la decisión consolida un esquema que podría facilitar nuevos desmontes en una de las regiones con mayor tasa de deforestación del país.

Un conflicto que no empezó ahora

Chaco integra el Gran Chaco Americano, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica después del Amazonas. En las últimas décadas, la expansión agropecuaria avanzó con fuerza sobre el monte nativo. Organizaciones ambientalistas han denunciado que incluso durante períodos de suspensión judicial de desmontes se registraron miles de hectáreas afectadas.

Informes basados en monitoreo satelital señalan pérdidas significativas de bosque nativo en los últimos años. Estas cifras alimentaron cuestionamientos sobre la efectividad de los controles provinciales y la aplicación real de la Ley Nacional de Bosques.

Denuncias sobre una trama de intereses

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó denuncias judiciales en las que advierte sobre la existencia de un entramado político-empresarial que habría facilitado recategorizaciones prediales y autorizaciones de cambio de uso del suelo en zonas sensibles.

En ese contexto, comenzó a utilizarse públicamente la expresión “mafia del desmonte” para describir un sistema de presuntos favores, permisos acelerados y controles débiles que beneficiarían a determinados actores económicos vinculados al agronegocio.

Si bien cada responsabilidad debe determinarse en sede judicial, las denuncias incluyen acusaciones sobre autorizaciones otorgadas en áreas que originalmente contaban con mayor nivel de protección ambiental.

La nueva ley y el principio de no regresión

Uno de los principales cuestionamientos hacia la actualización del ordenamiento forestal es que podría implicar una flexibilización de categorías de conservación. Especialistas en derecho ambiental señalan que esto tensiona el principio de no regresión, que establece que las normas no deben retroceder en niveles de protección ya alcanzados.

También hubo críticas respecto del proceso de participación ciudadana y la consulta a comunidades indígenas, un requisito clave cuando se modifican normas que impactan directamente en territorios habitados.

Producción versus ambiente

Desde el Gobierno provincial argumentan que la ley aporta seguridad jurídica y previsibilidad para el sector productivo. Sin embargo, el debate de fondo es si ese ordenamiento prioriza el desarrollo económico inmediato por sobre la conservación de un ecosistema estratégico para la mitigación del cambio climático.

Los bosques nativos funcionan como sumideros de carbono, regulan el ciclo hídrico y sostienen una biodiversidad única. La pérdida de cobertura forestal no solo afecta al ambiente, sino también a las comunidades que dependen directamente del monte.

Un debate abierto

El fallo judicial mantiene vigente la ley, pero no cierra la discusión pública. Las denuncias por desmontes irregulares y posibles redes de intereses siguen bajo análisis judicial y social.

En un contexto de crisis climática y compromisos ambientales asumidos por Argentina, la pregunta que queda abierta es si el modelo territorial que se consolida en Chaco está alineado con la protección ambiental o si, por el contrario, profundiza una dinámica que ya mostró consecuencias graves para el monte chaqueño.